Antoni Serra Ramoneda, presidente de Caixa Catalunya durante los años 1984-2005, ha negado haber tenido funciones ejecutivas durante sus 20 años de mandato, ya que las suyas eran meramente supervisoras, tal y como aclara la legislación.
Para Serra Ramoneda, el ejecutivo propone operaciones, el consejo las examina para aprobarlas o no, y en caso de aprobación la ejecución está a cargo del director.
Asimismo, ha admitido haber tenido un papel determinante en el nombramiento de Josep María Loza, exdirector de la entidad, debido a su experiencia en la entidad, en los tecnicismos y la normativa.
Serra Ramoneda ha ironizado con que después de dejar la entidad, lo que ha dicho que le fue insinuado por el expresidente de la Generalitat Josep Montilla, no recibió ningún tipo de indemnización, si bien «se habló de pagar al presidente 600.000 euros».
A su parecer, el sistema legal español lleva a las entidades financieras a dedicarse al negocio inmobiliario ya que la concesión de un crédito hipotecario no acarrea pérdidas por la posibilidad de recuperar el inmueble en caso de impago.
Ha señalado que Caixa Catalunya no levantó el pie del acelerador cuando debía, y pese a la crisis siguió creciendo y avanzando en su plan de expansión: el número de oficinas pasó de 1004 en 2004 a 1.203 en 2008, el personal ascendió de 6.009 personas a 7.094 y los créditos con garantía real al sector pasaron de 16.698 millones a 22.012.
Esta acción es la que llevó a la entidad a los problemas de 2008, aunque asegura que junto a Loza convinieron que era necesario tener ciertas reservas, como eras las participaciones en Abertis, Ascat, Repsol o Gas Natural.
Finalmente afirma que la compra de MNA no fue el mejor negocio y que hubiese sido bueno que la entidad no se hubiese visto implicada en el tema.