Funcas, en su publicación ‘Envejecimiento de la población, familia y calidad de vida en la vejez’, estima que en 2050 el gasto público en pensiones en España podría situarse entre 4 y 6 puntos sobre el PIB por encima del gasto actual.
El organismo detalla que esta cifra es «preocupante» teniendo en cuenta que no espera un incremento de los ingresos fiscales capaz de absorber este mayor gasto.
Funcas asegura que este aumento del gasto no se podrá financiar si no se amplía «muy significativamente» el tamaño y la productividad de la población empleada o sin elevar la presión fiscal vía cotizaciones o impuestos hasta un nivel que resultaría «perjudicial» para el mercado de trabajo y la competitividad.
Así, afirma que el mantenimiento de «déficits significativos» de la Seguridad Social durante los últimos años de recuperación económica plantea «dudas razonables» sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. «Esas dudas aconsejan adoptar prudentemente tanto medidas de contención del crecimiento del gasto como otras orientadas al aumento de los ingresos», subraya.
En este contexto, apuesta por ajustar los periodos de cotización y jubilación en función de la esperanza de vida, medida que podría contribuir a «cuadrar las cifras», tratando siempre de evitar que estos ajustes produzcan «inequidad intergeneracional». Asimismo, aboga por proporcionar de manera «eficaz, regular y masiva» información a los ciudadanos sobre el funcionamiento del sistema de pensiones y su situación financiera.
Con este objetivo cabría plantearse, según Funcas, la creación de un observatorio público de las pensiones como organismo independiente encargado de recoger y difundir periódicamente información actualizada y de realizar un seguimiento de las reformas que se vayan acometiendo en España y otros países.
Recientemente, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha advertido que la reducción del déficit público hasta el objetivo del 1,3% del PIB en 2019 moderará en dos décimas el crecimiento del PIB, hasta el 2,2%, y también repercutirá en la creación de empleo y en la reducción del paro.
Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de ley de las nuevas cuentas públicas, en el que ha cifrado en dos décimas el impacto del objetivo de déficit del 1,3% del PIB, frente al 1,8% pretendido por el Gobierno.