La banca negocia con el Gobierno

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Luis de Guindos

La tercera reforma financiera que prepara el Gobierno afecta parte del sector. Exintes varios aspectos importantes que modificar y solo una semana de plazo antes de que el viernes el real decreto definitivo sea aprobado.

Las denominadas «ayudas tempranas», la tipología de deuda que deberá asumir pérdidas, y el límite de actuación del Banco de España y el FROB en caso de liquidación son los principales puntos de negociación del sector con el Ministerio de Economía, aseguran fuentes financieras.

El borrador del real decreto establece tres niveles de ayudas públicas en función del estado de gravedad de los bancos. El primero de ellos es la citada «ayuda temprana» que se destinaría a entidades básicamente sanas pero que puedan necesitar cierto apoyo del Estado dada la difícil coyuntura actual. La polémica ha surgido porque, según varias fuentes del sector, las condiciones para que el Banco de España considere que es necesario activar este mecanismo son muy amplias, tanto es así que podría afectar a una parte importante del sector.

En concreto, el documento establece que se aplicará «cuando una entidad de crédito incumpla o existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, liquidez, estructura organizativa o control interno, o cualquier otro requisito establecido por las normas de ordenación y disciplina, pero se encuentre en disposición de retornar al cumplimiento por sus propios medios».

Unos requisitos muy amplios que pueden derivar, sin embargo, en una ayuda con condiciones muy estrictas. El borrador plantea que el Banco de España podrá imponer al consejo de administración y la junta la adopción de «determinados acuerdos», además del «cese y sustitución de miembros de los órganos de administración o directores generales y asimilados», «la reestructuración de su deuda» e incluso la «la sustitución provisional del órgano de administración».

Otro de los puntos de negociación del sector con el Gobierno es el límite a partir del cual los socios y acreedores de una entidad en proceso de liquidación deberán asumir este coste. Bruselas impone que los accionistas y los tenedores de deuda subordinada (como por ejemplo las participaciones preferentes) deberán asumir pérdidas para disminuir el impacto de la liquidación en el bolsillo de los contribuyentes. Pero el borrador del Gobierno va más allá e incluye una claúsula (eso sí, redactada entre corchetes) en la que parece implicar también a los tenedores de la llamada deuda «senior», es decir, aquélla que goza de prioridad de cobro frente a otros acreedores.

En concreto, el documento del Ejecutivo otorga poderes al FROB para «realizar operaciones de aumento o reducción de capital, aunque impliquen la reducción a cero del capital social, y de emisión y amortización total o parcial de obligaciones, cuotas participativas y cualesquiera otros valores o instrumentos financieros, así como las modificaciones estatutarias relacionadas con estas operaciones, pudiendo determinar la exclusión del derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital, incluso en los supuestos previstos en el artículo 343 de la Ley de sociedades de capital, o emisión de cuotas participativas».

La deuda «senior» ha sido muy utilizada por la banca española como vía de financiación. Es cierto que el recrudecimiento de la crisis impuso casi un año y medio de sequía nacionales en lo que a este tipo de emisiones se refiere, pero precisamente hace unos días, el banco Santander captó 2.000 millones de euros en bonos «senior». Por ello, la posibilidad de que este tipo de inversores tenga que asumir quitas supondría un nuevo mazazo al sector y a su imagen, explican las mismas fuentes.

El tercero de los puntos que concentran las negociaciones es el límite de actuación del Banco de España y el FROB, algo impreciso en opinión de fuentes del sector. Según el borrador de la ley, el Gobierno prevé que el Banco de España pueda intervenir de urgencia entidades financieras que, pese a que cumplan con los requisitos de solvencia y liquidez, presenten «elementos objetivos» que hagan pensar que no pueda seguir cumpliéndolos. Tras esta primera fase iniciada por el Banco de España, en la que podrá exigir al banco intervenido desde planes de actuación hasta acuerdos de reestructuración de sus deudas, el FROB pasaría a gestionar todo el proceso de liquidación.

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