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sábado, junio 12, 2021
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Abanca se suma al protocolo de reestructuración de deudas empresariales

Abanca se suma al protocolo de reestructuración de deudas empresariales

Abanca se ha sumado al protocolo de reestructuración de deudas empresariales.

Hace dos semanas, el Consejo de Ministros aprobó el Código de Buenas Prácticas para facilitar a las empresas y autónomos la renegociación de sus deudas avaladas por el Estado. Entre las entidades financieras dispuestas a participar se encuentran Abanca, CaixaBank, Kutxabank, Unicaja Banco, Ibercaja Banco y Liberbank.

Estas entidades financieras aprobaron 342.236 préstamos con aval del ICO hasta finales de abril, lo que ha permitido conceder financiación por 37.439 millones de euros.

La agencia de noticias Efe ha explicado que, de esta forma, los bancos abren la puerta a extender el vencimiento de los préstamos con aval del estado de los ocho años vigentes a diez años, evaluar la posible conversión de la deuda avalada en préstamos participativos e incluso la posibilidad de aplicar quitas del 50% por norma general y de hasta el 70% a empresas y autónomos (si su facturación cayó durante la pandemia más del 70%) para reducir el volumen de deuda pendiente de devolución si se considera que la carga es inasumible y hay riesgo de impago.

Las ayudas que ha movilizado el Gobierno de España se han elevado hasta los 3.000 millones de euros. El plazo máximo para la ejecución de las quitas se ha fijado para el 1 de diciembre de 2022.

Para acceder a esta vía de ayudas, la entidad bancaria y el deudor tendrán que llegar a un acuerdo de renegociación de toda la deuda, tanto la avalada como la no avalada, que mantiene la empresa con el banco desde el 17 de marzo del 2020.

Los analistas han indicado que la reducción podrá ser del 50% del crédito avalado pendiente de cada operación de financiación, siempre que la caída de la facturación fuera inferior en el 2020 al 70%. La quita podría llegar al 75% del importe avalado si la caída supera el 70%.

Los interesados en acogerse a estas ayudas deberán demostrar una caída de la facturación de al menos el 30% en 2020 y pérdidas netas.

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