CaixaBank ha informado que 228 empleados se han adherido finalmente al Plan de desvinculaciones voluntarias de la entidad, dirigido únicamente a trabajadores de las provincias de Barcelona y Teruel y de 58 años o más.
La entidad presidida por Jordi Gual hizo pública esta medida a mediados de enero y a ella se podían acoger un máximo de 376 trabajadores, los que reunían las condiciones requeridas.
Según las mismas fuentes, CaixaBank prevé que este plan de prejubilaciones tenga un coste de alrededor de 100 millones de euros, y los trabajadores adheridos abandonarán la entidad el próximo 1 de abril.
Según el acuerdo alcanzado, los empleados adheridos recibirán un 70% de la retribución fija bruta anual, que CaixaBank abonará hasta que el trabajador se prejubile.
La entidad financiera también abonará el Convenio Especial con la Seguridad Social y continuará realizando aportaciones al plan de pensiones y a la contingencia por riesgos para empleados.
CaixaBank ya preveía llevar a cabo esta medida desde el año pasado, ya que el compromiso de negociación se incluyó en el acuerdo laboral firmado con los representantes sindicales en mayo de 2019.
Tras este plan, que la entidad también ha llevado a cabo en años anteriores, CaixaBank también prevé contratar nuevo personal en la provincia de Barcelona, centrándose en perfiles jóvenes para impulsar la renovación de su equipo profesional.
Esta medida se dirige únicamente a las provincias de Barcelona y Teruel, que no estuvieron afectadas por el ERE que se pactó en 2019 y que afectó a 2.023 trabajadores, ya que en estos territorios no existía excedente de personal.
CaixaBank ha adelantado que propondrá a sus accionistas en la junta general que prevé celebrar el próximo día 3 de abril amortizar un puesto en el consejo de administración y reducir su número desde los actuales 16 sillones a 15.
Así figura en el orden del día remitido por el banco este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde también incluye la reelección como consejera de Verónica Fisas Vergés con el carácter de consejera independiente por un mandato de cuatro años.
El consejo de administración del banco pedirá autorización además para reelegir a PricewaterhouseCoopers (PwC) como auditor de cuentas para el ejercicio 2021 y la distribución del beneficio y abono de dividendo.