Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional, ha rechazado suspender cautelarmente a Rosa María Cornet, liquidadora de Eurobank del Mediterráneo, por el estado inicial de la investigación sobre las operaciones hechas para desmantelar esa entidad financiera, de las que debe responder como imputada.
En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid recuerda que «las diligencias de instrucción sumarial son actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente, que no constituyen ‘per se’ pruebas de cargo».
El juez Ruz también apoya su decisión en el informe del Ministerio Fiscal, que no considera útiles o pertinentes nuevas medidas en este momento, y en los argumentos de la defensa de Cornet, que alega una falta de competencia de la Audiencia Nacional para suspenderle cautelarmente en su cargo, para el que fue nombrada en el Juzgado de Primera Instancia 17 de Madrid.
De esta manera se rechazan las peticiones planteadas por una de las acusaciones particulares contra Cornet, que en cualquier caso deberá responder próximamente como imputada en la pieza de las operaciones relacionadas con la liquidación de Eurobank.
En esa pieza separada se investigan delitos societarios, falsedad, posible estafa o apropiación indebida, blanqueo de capitales, desobediencia continuada y otras infracciones conexas.
Su declaración estaba prevista para hoy, aunque el juzgado que dirige Ruz ha tenido que suspenderla por la mudanza de edificio que está llevando a cabo la Audiencia Nacional.
En un escrito, Cornet hace hincapié en que todas las operaciones de liquidación que ha realizado «han sido correctamente justificadas y ajustadas a derecho».
También arremete contra el interventor judicial del banco, Frederic Moreno i Julián, quien remitió un nuevo informe a la Audiencia Nacional en el que acusa a la liquidadora de ocultar las pruebas de los delitos por los que está imputada y de impedirle revisar las cuentas de Eurobank.
Cornet sostiene que «ha entregado toda la documentación de la entidad de la que ha dispuesto» a Moreno i Julián, que cree que con su actuación parcial sólo busca «perjudicar de forma gratuita» su imagen y honor.
Por ejemplo, sostiene que Eurobank ha tenido que cumplir una resolución judicial al pagar 1,32 millones de euros al que fuera director de las oficinas de Reus y Tarragona, José Luis Fuentes Pedra, que fue acusado por la propia entidad de apropiarse de 3,6 millones de euros antes de 1996.
Esta es una de las operaciones que cuestionaba el interventor judicial de Eurobank, que daba cuenta además de la supuesta salida injustificada del balance de activos por valor de 4,17 millones de euros y de la adjudicación de dos inmuebles para hacer frente al pago de diversas deudas.