La junta general de accionistas de Telefónica celebrada este jueves llega marcada por dos cuestiones centrales. Por un lado, la salida del BBVA del consejo de administración tras casi dos décadas y por otro, la creciente presión de grandes inversores internacionales contra las indemnizaciones percibidas por la anterior dirección ejecutiva.
Uno de los cambios más simbólicos del encuentro es la marcha de José María Abril, vicepresidente y consejero dominical en representación del banco desde 2007. La entidad financiera ha decidido poner fin a esta etapa al considerar que su participación del 5% en la operadora ya no forma parte de su estrategia como activo prioritario. Con este movimiento se diluye definitivamente el histórico núcleo bancario que durante años sostuvo la estabilidad accionarial de la compañía junto a Criteria.
Para cubrir la vacante, el consejo propondrá la incorporación de la directiva australiana Jane Thompson como consejera independiente, en línea con el objetivo de reforzar el perfil tecnológico e internacional del órgano de gobierno. Además, la junta abordará la renovación de María Luisa García Blanco y la ratificación como independientes de Anna Martínez Balañá, César Mascaraque Alonso y Mónica Rey Amado.
Fuerte oposición a las indemnizaciones millonarias
El punto más controvertido de la reunión será la votación del informe anual de remuneraciones, especialmente por los 78,4 millones de euros abonados a los exdirectivos José María Álvarez-Pallete y Ángel Vilá tras su salida en enero de 2025.
Álvarez-Pallete percibió 44,5 millones de euros, incluyendo una indemnización equivalente a cuatro anualidades de salario y derechos derivados de su plan de previsión social. Por su parte, Vilá recibió 33,9 millones entre compensación contractual y derechos de jubilación acumulados.
Estas cifras han provocado la reacción negativa de inversores institucionales internacionales. El fondo soberano noruego gestionado por Norges Bank Investment Management ha anunciado su voto en contra del informe al considerar excesiva la cuantía de las compensaciones y cuestionar la falta de alineación con las prácticas habituales de buen gobierno corporativo. En su opinión, este tipo de indemnizaciones deberían limitarse a un máximo de dos anualidades.
A esta posición se han sumado los fondos estadounidenses Calpers y Calstrs, que también rechazarán el informe y votarán contra la reelección de García Blanco por su papel en la comisión responsable de las retribuciones.
El desacuerdo cuenta además con el respaldo de los principales asesores de voto internacionales, ISS y Glass Lewis, que consideran las compensaciones desproporcionadas y desconectadas de la evolución bursátil reciente de la compañía.
Glass Lewis también ha cuestionado el salario fijo del actual presidente, Marc Murtra, al no estar vinculado directamente al rendimiento de la acción.
Nueva política retributiva para reforzar la gobernanza
Con el objetivo de reducir el malestar entre los accionistas, Telefónica ha presentado una nueva política salarial que entrará plenamente en vigor en 2027. El nuevo modelo limitará las indemnizaciones por cese a dos anualidades y prohibirá la compatibilidad entre estas compensaciones y los derechos del plan de previsión social.
Este cambio ha sido valorado positivamente por algunos inversores institucionales y asesores de voto, que consideran que acerca la política retributiva de la compañía a los estándares internacionales de transparencia y control.
El peso del nuevo núcleo estable será decisivo
El resultado de la votación dependerá en gran medida de la posición que adopten los principales accionistas del nuevo bloque estable formado por SEPI (10%), CriteriaCaixa (9,9%), Saudi Telecom (9,96%) y el propio BBVA (5%).
Aunque la votación sobre remuneraciones tiene carácter consultivo, un rechazo significativo supondría un impacto reputacional relevante para el consejo de administración.
Dividendo y auditoría entre los acuerdos ordinarios
Más allá del debate retributivo, la junta aprobará previsiblemente el pago de un dividendo de 0,15 euros brutos por acción con cargo a reservas, previsto para el 18 de junio de 2026. Asimismo, se someterá a votación la continuidad de PwC como auditor durante el ejercicio 2026 y su designación para el periodo 2027-2029.
La reunión se produce en un contexto de transición en la estructura directiva y de reorganización del accionariado, en un momento clave para reforzar la estabilidad institucional y la confianza del mercado en la operadora.
