CaixaBank ha incrementado de forma considerable las provisiones de su negocio de financiación al consumo para hacer frente a las posibles consecuencias económicas de los procedimientos judiciales relacionados con las tarjetas revolving y otros productos de pago aplazado.
La entidad ha canalizado esta estrategia a través de CaixaBank Payments & Consumer, su filial especializada en medios de pago y crédito al consumo. Durante 2025, la compañía constituyó un fondo extraordinario de aproximadamente 147,8 millones de euros para cubrir las obligaciones que puedan derivarse de diferentes litigios.
La mayor parte de este importe está vinculada a las reclamaciones sobre tarjetas revolving, aunque también contempla determinados procedimientos relacionados con pagos aplazados y préstamos personales sometidos a revisión judicial por posibles casos de usura o falta de transparencia.
Como consecuencia de esta decisión, el saldo total de provisiones de la filial alcanzó los 268,6 millones de euros, frente a los 90,1 millones registrados un año antes. Esto representa un incremento cercano al 177%.
Las pérdidas por deterioro de activos financieros también aumentaron significativamente, al pasar de 146,4 millones en 2024 a unos 385 millones de euros en 2025, un 163% más.
La evolución de las sentencias eleva la incertidumbre
CaixaBank Payments & Consumer explica en sus cuentas que el Tribunal Supremo ha dictado diferentes resoluciones entre 2020 y 2025 para establecer los criterios aplicables a este tipo de financiación.
Las sentencias han ido definiendo tanto las circunstancias en las que los intereses pueden considerarse notablemente superiores al precio habitual del mercado como las condiciones que deben cumplir las entidades para garantizar una comercialización transparente.
Según la filial, la construcción progresiva de este marco jurídico ha generado una importante dispersión de criterios entre los tribunales. Esta situación ha favorecido el aumento de las reclamaciones y ha creado un escenario de incertidumbre para las entidades que comercializaron estos productos.
Aunque la compañía reconoce que resulta difícil calcular con precisión el coste final de los litigios, considera que las provisiones constituidas actualmente son suficientes para cubrir el posible impacto durante un horizonte temporal más amplio.
La decisión no responde necesariamente a un fuerte aumento de las demandas durante el último ejercicio, sino a una estrategia preventiva aprovechando la fortaleza actual de los resultados del grupo.
Distintas estrategias dentro del sector
Las entidades financieras expuestas a las tarjetas revolving han adoptado posiciones diferentes. Mientras CaixaBank ha reforzado notablemente su cobertura, WiZink redujo en 2025 sus provisiones vinculadas a estos productos un 13,6%, hasta los 118 millones de euros.
Cetelem, en cambio, siguió una estrategia similar a la de CaixaBank y elevó sus provisiones desde los 43,96 millones de 2024 hasta los 95,88 millones de euros al cierre de 2025. La entidad atribuyó este aumento al crecimiento de las reclamaciones y de los procedimientos que cuestionan la validez de determinados contratos.
Por su parte, Bankinter Consumer Finance redujo ligeramente sus provisiones acumuladas, desde los 74,17 millones de euros de 2024 hasta aproximadamente 70 millones en 2025.
Uno de los principales hitos jurídicos se produjo en febrero de 2023, cuando el Tribunal Supremo estableció que los intereses de una tarjeta revolving pueden considerarse usurarios cuando superan en seis puntos porcentuales el tipo medio del mercado para esta clase de financiación.
Posteriormente, las resoluciones dictadas en 2025 ampliaron la protección de los consumidores al permitir que determinados contratos puedan ser anulados no solo por usura, sino también por falta de transparencia.
CaixaBank afronta este escenario después de cerrar 2025 con un beneficio neto récord de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior. La entidad obtuvo además 1.572 millones durante el primer trimestre de 2026, un 7% más, una evolución que le ha permitido reforzar su cobertura frente a futuros riesgos judiciales.
