La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento del BBVA, de su expresidente Francisco González y de varios exdirectivos por la presunta contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para la realización de encargos considerados ilegales, según los autos judiciales consultados.
La decisión judicial ratifica una instrucción que venía tramitándose desde 2024 en el marco de la pieza separada número 9 de la macrocausa conocida como Operación Tándem, centrada en las actividades de Villarejo y su empresa vinculada, Grupo CENYT, entre los años 2004 y 2016.
Según el auto de la Sala, los magistrados han desestimado los once recursos de apelación presentados por la defensa del banco y los directivos investigados, sosteniendo que no resulta “creíble” el argumento del desconocimiento de los hechos alegado por la entidad financiera.
En la resolución se afirma que los indicios recabados durante la instrucción son suficientes para mantener la participación indiciaria de las personas y de la propia entidad en los delitos imputados, que incluyen cohecho continuado y revelación de secretos.
La Sala destaca que los servicios contratados a través de CENYT presuntamente implicaron la obtención de información sin respetar la legalidad, valiéndose de funcionarios policiales y acceso a bases de datos o registros reservados sin autorización judicial.
Respecto al papel individual de Francisco González, presidente ejecutivo del BBVA durante gran parte del periodo investigado, los jueces señalan que existen indicios de que autorizó o permitió la contratación de CENYT aun con conocimiento de su metodología y antecedentes operativos conocidos.
La Sala de lo Penal subraya que el modelo de organización y los mecanismos de control interno de la entidad no resultaban eficaces para prevenir la comisión de delitos, al dejar “al margen de cualquier normativa de control” a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección, que actuaron, según la resolución, con autonomía insuficientemente supervisada.
Entre los exdirectivos procesados además de González figuran el exresponsable de seguridad de la entidad, Julio Corrochano, el exconsejero delegado Ángel Cano, el ex jefe de control interno Eduardo Arbizu y el exdirector de riesgos Antonio Béjar.
La confirmación del procesamiento aproxima el caso a la apertura de juicio oral. La Audiencia Nacional estima que en ese trámite se deberá analizar con mayor profundidad el alcance de los presuntos delitos y determinar las responsabilidades penales correspondientes tanto de las personas físicas como de la persona jurídica representada por la entidad bancaria.
El procedimiento judicial forma parte de investigaciones más amplias derivadas de la llamada Operación Tándem, una macrocausa que investiga la presunta prestación de servicios de inteligencia privada y actividades contrarias al ordenamiento jurídico realizadas por Villarejo y su entorno a lo largo de más de una década.
Fuentes jurídicas citadas en los autos señalan que la decisión de la Sala se alinea con la posición de la Fiscalía Anticorrupción y con el instructor del caso, el juez Manuel García-Castellón, que consideraron que las pruebas y los indicios recopilados justifican procesar a los investigados por los delitos en cuestión.
El BBVA, por su parte, ha defendido en comunicados públicos que la confirmación del procesamiento no altera la situación procesal de la entidad, que continuará como parte investigada hasta la eventual apertura de juicio oral. La entidad ha reiterado su compromiso con la colaboración judicial y su convencimiento de que podrá esclarecerse su posición durante el proceso.
La causa se constituye en un importante desarrollo dentro del ámbito del derecho penal empresarial en España, al implicar a una de las principales instituciones financieras del país y elevar al primer plano judicial cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal de personas jurídicas y sus órganos de gobierno.
