UBS y su filial en Francia deberán pagar una multa de 3.700 millones de euros y de 15 millones respectivamente, por haber ayudado a clientes a evadir el pago de impuestos, y colaborar en el blanqueo del producto del fraude fiscal.
Además, UBS deberá abonar otros 800 millones de euros en concepto de daños civiles, decisión que la entidad bancaria tiene intención de recurrir.
El banco ha señalado que «está totalmente en desacuerdo con el veredicto» y ha asegurado que la condena impuesta «no está respaldada por ninguna evidencia concreta, sino que se basa en alegaciones infundadas de exempleados», por lo que «apelará el veredicto» y analizará, en caso de que sea necesario, adoptar medidas adicionales, añadiendo que, según la legislación francesa, una apelación suspende la sentencia del tribunal de primera instancia y supone la transferencia del caso al Tribunal de Apelaciones, que vuelve a juzgar el caso en su totalidad.
La entidad financiera fue procesada por proponer entre los años 2004 y 2012 a potenciales clientes de elevado poder adquisitivo la apertura en Suiza de cuentas no declaradas en Francia, evadiendo sus obligaciones fiscales en el país galo, lo que, según la prensa francesa ha servido para ocultar al fisco unos 10.000 millones de euros en activos no declarados.
UBS ha explicado que no hay evidencias de que ningún cliente francés fuera captado en Francia por asesores de la entidad para abrir una cuenta en Suiza, señalando que al no haberse cometido crimen alguno en Francia la decisión aplica de manera efectiva la ley francesa en Suiza, socavando la soberanía legal helvética y planteando importantes cuestiones de territorialidad.
S&P Global ha dicho que esta multa «excede» la cuantía que habían supuesto en sus proyecciones. Sin embargo, la agencia ha asegurado que UBS tiene «suficiente flexibilidad» para mantener una «fuerte posición de capital» tras el pago de la cuantía porque a finales de 2018 contaba con una provisión de 2.200 millones de euros para litigios.