Los sueldos de los directivos financieros españoles disminuyeron entre un 20% y un 50% en 2012 con respecto al año anterior, así como sus aportaciones a planes de pensiones, que bajaron del 12% al 10%. Asimismo, no percibieron ningún tipo de remuneración variable.
Así lo asegura el Gobierno, en una respuesta al presidente de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara, sobre las medidas que se están tomando para limitar los salarios e indemnizaciones del sector financiero, particularmente de las entidades que han sido rescatadas.
En su respuesta, el Ejecutivo pone varios ejemplos que ilustran cómo se ha afrontado la necesaria reducción de los «desorbitados» salarios del sector tras el rescate bancario. En concreto, se hace referencia a los efectos del decreto ley de reestructuración financiera de febrero de 2012, la primera fase del plan de saneamiento bancario del Gobierno ‘popular’.
Así, el Gobierno asegura que los salarios medios de los directivos bancarios han disminuido «sustancialmente» como consecuencia de la adaptación de las retribuciones a la nueva normativa, lo que en términos generales supone que las remuneraciones fijas de los administradores y el personal de alta dirección ha caído en 2012 con respecto a un año antes entre un 20% y un 50%.
Además, ninguna de las entidades afectadas por el rescate ha abonado remuneración variable correspondiente en 2011 y 2012, pese a que apenas dos años antes este tipo de compensaciones correspondía al 21% del salario fijo. Por su parte, el peso de la aportación anual a pensiones sobre la retribución fija total del Comité de Dirección se ha reducido del 12% de 2010 al 10% de 2012.
De este modo, si las retribuciones totales de los miembros del Comité de Dirección suponían en promedio en 2010 un 2,6% del total de gastos de personal, el año pasado esa cifra se había reducido un 65% hasta el 0,9%. De igual modo, las retribuciones totales de los miembros del Consejo de Administración cayeron un 40%, pasando del 0,54% de los gastos totales de personal que suponían en 2010 al 0,34% del año pasado.
Junto con las limitaciones retributivas, el Gobierno también recuerda que en la reforma laboral se incluyó una disposición para limitar las indemnizaciones por terminación de contrato en las entidades bancarias rescatadas y se fijaron determinadas normas respecto de la extinción o suspensión de contrato de los administradores o directivos, con el objetivo de «hacer frente a situaciones indeseables por las que directivos, en razón de cláusulas de blindaje, reciban indemnizaciones cuando su gestión había colocado a entidades en la necesidad de percibir ayuda pública».
Además, preguntado por la líder de UPyD, Rosa Díez, sobre las normas sancionadoras para quienes han quebrado entidades financieras, el Gobierno asegura que el sector cuenta con reglas «estrictas» más allá de las recogidas en el Código Penal.
En este sentido, recuerda que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha aprobado para las entidades con ayudas públicas un protocolo de actuación que «trata de aplicar esas normas ya vigentes sistematizando las actuaciones para facilitar la detección de operaciones irregulares y mejorar la efectividad en la depuración de responsabilidades».
«El asunto de la responsabilidad en la práctica y la gestión de las entidades es una cuestión que interesa tanto a las instituciones de la Unión Europea como al Gobierno», zanja la respuesta.
Finalmente, en ambas respuestas parlamentarias el Ejecutivo apela también a las medidas que se aprobarán en los próximos meses relativas al Buen Gobierno Corporativo, que buscarán mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas y, al tiempo, situar los estándares nacionales al más alto nivel de cumplimiento comparado de los criterios y principios internacionales de buen gobierno.
Para ello, se ha creado un comité de expertos que redactará un estudio-análisis sobre los mejores estándares internacionales de Gobierno Corporativo y las áreas en las que España puede mejorar su marco actual, de modo que, en el plazo de un año, se implementen las reformas que correspondan.
Entre otras, se sopesará la posibilidad de potenciar el papel de las Juntas de Accionistas en el control de las políticas de retribución de la Dirección, la posibilidad de presentar un Código de Buenas Prácticas para las sociedades no cotizadas, o cómo adaptar el incremento de valor de la compañía con la adecuada retribución del accionista, entre otras cosas.
Por último, se están exigiendo ahora nuevos requisitos de dedicación, conocimientos, experiencia, profesionalidad y honorabilidad a los integrantes de los consejos de administración de las entidades financieras españolas.