Una de las entidades que traspasará seguro sus activos tóxicos al banco malo es Nova Caixa Galicia, donde ya funciona una unidad de gestión de lo que Novagalicia llama «activos singulares». En esa unidad trabajan algo más de 400 personas, principalmente desde Madrid. La entidad gallega lleva ya semanas trabajando para ver qué activos podrían irse a ese banco malo, aunque sin entrar en el tema del personal a la espera de lo que detalle el texto que se aprobará el viernes.
Ese decreto también habrá de determinar qué se puede vender a esa sociedad de activos tóxicos y qué tendrá que quedarse el banco. Inicialmente, el Gobierno era partidario de incluir no solo créditos o fallidos vinculados al ladrillo, sino también préstamos de otro tipo -a industria o incluso particulares- de dudosa recuperación para el banco.
Ahora el Ejecutivo central se plantea que esa sociedad sea exclusivamente inmobiliaria. «No parecería razonable que se incluyeran participaciones empresariales, créditos a pymes o hipotecas», apuntan en las entidades consultadas.
El banco malo estatal -que ya pusieron en marcha países como Irlanda- comenzará a funcionar a finales de noviembre. Antes, este mes, además de aprobar su funcionamiento, deberán presentarse las líneas estratégicas, es decir, organización, sede, personal, cómo se podrán ir vendiendo esos activos de forma progresiva para evitar un derrumbe de precios. El Gobierno ha encargado esta tarea a la consultora estadounidense Alvarez & Marsal, la firma que se encargó de la liquidación de Lehman.
Esa nueva sociedad estatal podría dar entrada a socios privados (promotores inmobiliarios, por ejemplo), aunque el Gobierno guarda silencio. Antes tendrá que sacar rentabilidad a esos activos que termine vendiendo.