BBVA Research considera que el Plan de Vivienda 2026-2030 tendrá un impacto limitado sobre el parque público residencial si se cumplen las previsiones presupuestarias anunciadas por el Gobierno. Según el servicio de estudios de la entidad, la ejecución completa de los recursos previstos para los próximos cuatro años permitiría sumar alrededor de 33.000 viviendas públicas, una cifra que estima reducida en comparación con las necesidades actuales del mercado y con los niveles registrados en etapas anteriores.
El análisis parte de la hipótesis de que se ejecute el 40% de los 7.000 millones de euros contemplados para el periodo 2026-2030. Bajo ese escenario, BBVA Research advierte de que el incremento previsto sería insuficiente para acercar con rapidez a España a los estándares europeos en materia de vivienda pública y social.
El informe recuerda que, desde 2018, en España se han iniciado unas 13.000 viviendas protegidas al año. Esta cifra queda lejos de las casi 60.000 anuales registradas entre 1995 y 2002 y de las más de 80.000 que se construyeron cada año entre 2003 y 2010. Todo ello se produce en un contexto de fuerte creación de hogares, con una media de 145.000 al año y un ritmo superior, de unas 260.000 unidades anuales, desde 2021.
España, lejos de la media europea
Uno de los principales problemas señalados por BBVA Research es el reducido peso de la vivienda social en España. De acuerdo con los datos recogidos en el informe, el parque de vivienda pública de alquiler social representa en torno al 1,5% del total, frente al 7,5% de media en la Unión Europea.
La diferencia es especialmente significativa si se compara con países como Francia, donde este tipo de vivienda supone alrededor del 17%, o Países Bajos, donde alcanza el 29%. Alemania, por su parte, se sitúa también por encima de España, con un porcentaje aproximado del 3,5%.
El servicio de estudios del banco atribuye esta situación, en parte, a la evolución histórica del parque público construido en décadas pasadas, que en muchos casos terminó liberalizándose. Por ello, valora de forma positiva que el nuevo plan contemple medidas para blindar la titularidad pública de las viviendas que se desarrollen en los próximos años.
Coordinación territorial y falta de suelo
No obstante, BBVA Research identifica varios obstáculos que podrían limitar la efectividad del plan. Uno de ellos es la necesaria coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que deberán aportar una parte relevante del presupuesto destinado a nueva vivienda pública. La entidad advierte de que una falta de coordinación puede complicar la ejecución de las medidas y generar desigualdades territoriales.
El informe también cuestiona la capacidad de movilizar vivienda vacía en los cascos urbanos. Según el análisis, buena parte de las viviendas sin uso se localizan en zonas rurales o en municipios donde no existe una presión clara entre oferta y demanda, lo que reduce su utilidad para aliviar los problemas de acceso en las grandes áreas tensionadas.
Además, BBVA Research señala que la construcción de vivienda pública se enfrenta a los mismos retos que la promoción privada: falta de suelo finalista, escasez de mano de obra y lentitud en los procesos de edificación. Sin medidas adicionales para resolver estos cuellos de botella, la llegada de nuevas viviendas al mercado podría ser lenta.
Ante este escenario, el servicio de estudios defiende la necesidad de un pacto nacional entre administraciones que permita priorizar recursos, mejorar la coordinación institucional y ofrecer certidumbre a los inversores. A su juicio, solo una estrategia más amplia, combinada con otras iniciativas de impulso a la oferta residencial, podrá contribuir a aumentar el parque de vivienda asequible con la rapidez que exige la situación actual.
