BdE está investigando la gestión realizada en el Banco de Valencia antes de su nacionalización para abrir, si se detectan irregularidades, un expediente disciplinario a la entidad.
Así lo anunció Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, en el Pleno del Congreso, quien avanzó que en caso de la apertura del expediente contra la entidad valenciana se dará traslado a la Fiscalía «inmediatamente».
Añadió, además, que la decisión del Banco de España se adoptará en un «breve plazo de tiempo».
De Guindos hizo este anuncio en respuesta a una pregunta del diputado de UPyD, Álvaro Anchuelo, que quería saber cómo se ha inyectado una cantidad tan «escandalosa» (5.500 millones de euros) en una entidad tan pequeña, sobre todo cuando la consultora Oliver Wyman estimó en su momento que bastaba con 2.500 millones para hacer frente a un escenario «muy adverso».
«La situación del Banco de Valencia era extremadamente delicada desde el punto de vista de liquidez y solvencia», dijo De Guindos, quien recordó que la Comisión Europea no autorizó que el banco pudiera recapitalizarse y continuar su andadura porque «no era una entidad viable».
Por lo tanto, dijo el ministro, igual que explicó ayer en la Comisión de Economía del Congreso, había dos opciones, liquidar o vender (el Banco de Valencia), y la última era la más barata.
Se valoraron ambas opciones, recordó, y para la liquidación se encargó un informe a la consultora Oliver Wyman, que dijo que costaría entre 5.600 y 7.400 millones.
Posteriormente el FROB solicitó otros tres informes independientes que ratificaron esta horquilla, porque la media estaba en unos 6.340 millones de euros.
Paralelamente se inició el proceso de análisis para la venta y se recibieron tres ofertas, de las que la que tenía menor coste para el contribuyente era la de CaixaBank, que al final se llevó el Banco de Valencia por un euro simbólico y con una ayuda de 4.500 millones.
Además, CaixaBank recibirá el banco libre de gran parte de sus activos tóxicos, que serán traspasados al «banco malo» y con un esquema que le blinda de posibles pérdidas y que, según el Banco de España, puede costar unos 600 millones.
Asimismo, la Audiencia Nacional tiene abiertos dos procedimientos contra la entidad valenciana, uno de ellos iniciado por los pequeños accionistas del banco y el otro, a raíz de una denuncia-querella presentada por el FROB contra José Luis Olivas, Aurelio Hernández y otros exdirectivos por la toma de participaciones de Fomento Urbano de Castellón (FUCSA) en Aguas de Valencia.