Los trabajadores de Banca Privada d’Andorra (BPA) y sus filiales han decidido organizarse y cooperar ante la crisis que atraviesa la entidad bancaria, a fin de poder defender sus intereses y sacar adelante al banco.
Más del 90% de los 268 empleados de BPA se han unido y han seleccionado un total de quince delegados representativos entre los diferentes departamentos, «para evitar que la crisis del banco pueda comportar la crisis del sistema financiero andorrano» que, como BPA, consideran «sólido, solvente y con futuro».
«Nos jugamos nuestro puesto de trabajo», sostiene en un comunicado la plantilla, que ha puesto su situación en manos de un bufete de abogados de Andorra.
Los trabajadores quieren obtener la información «más completa y fidedigna» de la situación real de BPA, por lo que reclaman reunirse cuanto antes con el jefe de Gobierno en funciones, Antoni Martí, con la dirección del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) y de la Unidad de Intervención Financiera (UIF), con los tres administradores actuales del banco y con el fiscal general.
Los empleados de la entidad, intervenida desde la semana pasada por presunto blanqueo de capitales del crimen organizado muestran asimismo su predisposición a colaborar con la sociedad andorrana, la comunidad financiera nacional e internacional y las autoridades del país «con plena independencia de criterio» en todo el proceso.
Por ello, reclaman también cooperación «leal y completa» a todos los agentes intervinientes en la resolución de la actual crisis.
Asimismo, agradecen la comprensión de los clientes y el apoyo de la sociedad andorrana, así como la protección recibida por los agentes de policía, que durante estos días han hecho labores de vigilancia de paisano en las oficinas y «han sabido canalizar las lógicas tensiones de los ciudadanos».
Tras intervenir BPA, el gobierno andorrano sigue buscando soluciones para esta entidad, que podrían pasar por su liquidación o su reestructuración, de manera que siguiera operando, pero bajo otro nombre y dirección.
Mientras tanto, Andorra mantiene BPA operativa, aunque con restricciones, como la de retiro de efectivo a 2.500 euros por semana y cuenta.