Enric Fernández, economista jefe de CaixaBank, ha afirmado que la sostenibilidad del sistema de pensiones pasa por retrasar la edad de jubilación y ligarla a la esperanza de vida, aumentar la productividad y eficiencia de la población empleada e incrementar asimismo el porcentaje de personas empleadas en edad de trabajar.
Así lo ha señalado en una conferencia ofrecida en Bilbao sobre las perspectivas económicas a nivel global y local ante un centenar de directivos de la entidad.
Fernández ha indicado que la revalorización de las pensiones públicas «es un tema delicado» donde «la sostenibilidad política es tan importante como la económica y no existe «una solución mágica o única sino un menú de opciones y todas se tendrían que aplicar».
Sin embargo, ha expresado su convencimiento de que el actual modelo del sistema público «es insostenible» a un escenario de tres décadas. Según sus estimaciones, si el ratio actual en España es de dos trabajadores cotizantes por un jubilado que cobra pensión, en 2050 ese ratio se igualará y pasará a ser de «un cotizante por cada pensionista».
Fernández ha abogado por posponer la edad de jubilación y ligarla a la esperanza de vida, así como buscar la manera de reducir la tasa de paro, que en el Estado es «estructural». De igual modo, ha añadido, «una parte de la solución» debe ser «aumentar la productividad y eficiencia de los que trabajan para conseguir hacer la economía más productiva».
Para el responsable de CaixaBank, la economía española está entrando en una fase más madura del ciclo económico vivido en los últimos años, y «suavizará» su ritmo de crecimiento en 2018 y 2019.
En ese punto ha aludido a algunos aspectos del debate reciente, como la subida de los sueldos ligada al crecimiento económico y reclamada tras la superación de la crisis o la reciente decisión de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros previsto para 2019.
En su opinión, se trata de elementos que «sospechamos tendrán un impacto sobre la economía del país pero aún no se puede precisar cuánto». Fernández ha señalado que su impacto, cuando se produzca, «dificultará la creación de nuevos empleos en aquellos que están en esa franja de salarios» y también supondrá un efecto «adverso para la competitividad».