El Congreso votará hoy el ‘rescate ciudadano’ propuesto por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que incluye medidas como crear un parque público de alquiler con los activos inmobiliarios que pasen al denominado banco malo, paralizar los desahucios en entidades con ayudas públicas, o gravar «severamente» los pisos desocupados.
Estas propuestas se incluyen en una moción derivada de la interpelación que el portavoz económico del grupo parlamentario, Alberto Garzón, mantuvo el pasado miércoles con el ministro de Economía, Luis de Guindos, pero también en una proposición no de ley que se incluye en la sesión plenaria de este martes.
Así, IU-ICV-CHA tendrá dos ocasiones para plantear a la Cámara baja sus propuestas para «rescatar a las personas» en lugar de buscar sólo formas de sacar al sistema financiero de la crisis, que es lo que, a su juicio, ha hecho el Gobierno hasta ahora.
En concreto, en la moción se reclama la paralización de los embargos y desahucios en viviendas propiedad de entidades financieras con ayudas públicas o que se traspasen al ‘banco malo’, y que se cree un banco de alimentos de gestión pública al que surtan las grandes superficies comerciales con la donación obligatoria de los productos que estén a punto de caducar.
Además, se propone gravar «de forma severa» las viviendas desocupadas para «favorecer su puesta en el mercado de alquiler y frenar la especulación inmobiliaria» y que los pisos de entidades financieras que reciban ayudas públicas o los que se traspasen al ‘banco malo’ se destinen a un parque público de alquiler social.
Esta idea se propone también al Pleno a través de una proposición no de ley, en la que la Izquierda Plural pide exigir que «las entidades financieras que reciban cualquier tipo de ayuda pública y, en particular, en la nacionalizada Bankia, la dación en pago y el alquiler social sean soluciones para las familias que, como consecuencia de la crisis, no puedan hacer frente a sus deudas hipotecarias».
De hecho, en su iniciativa insisten en la idea de que es necesario utilizar los activos inmobiliarios de las entidades intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para conformar un parque de alquiler público. La Izquierda Plural también ha registrado esta idea como enmienda parcial al proyecto de ley de la reforma financiera del pasado mes de mayo.
«Un servicio público de vivienda en alquiler permitiría a muchos ciudadanos vivir dignamente sin esfuerzos económicos desmedidos para pagar la vivienda, contribuiría a crear ciudades equilibradas social, económica y urbanísticamente, y permitiría cuidar mejor el medio ambiente», señalan en la proposición.
Además, aseguran que generaría externalidades positivas desde el punto de vista económico, al permitir que las generaciones sin asfixia hipotecaria puedan disponer de recursos destinados a actividades productivas, al favorecer la movilidad geográfica y profesional, al reorientar inversiones hacía sectores económicos de valor añadido superior al de la construcción, o al poner a la economía a cubierto de crisis inmobiliarias de carácter cíclico».
Por eso, el grupo parlamentario defiende que es necesario romper el «círculo vicioso que nace como resultado de no aceptar que son los problemas en la economía real los que verdaderamente importan» y que se recrudecen con cada nuevo recorte, contrarrestando así los efectos que se persiguen con las ayudas a la economía financiera.
Ésta no es la primera vez esta legislatura que la Izquierda Plural propone al Congreso este tipo de medidas. De hecho, el pasado mes de junio la Cámara rechazó, con el voto contrario del PP, una proposición en la que se sugerían una serie de medidas para evitar el sobreendeudamiento personal, acotar las exigencias para conceder hipotecas y regular la dación en pago.