El Gobierno de Italia ha aprobado el rescate de la Banca Popolare di Bari, con 900 millones de euros.
La decisión del Ejecutivo se ha tomado dos días después de que el Banco de Italia interviniera la entidad y nombrara a dos administradores extraordinarios con el fin de gestionarla de forma temporal, después de comprobar que acumulaba pérdidas millonarias.
La señal de alarma la lanzó el banco al reconocer que necesitaba 1.000 millones de euros de liquidez para evitar su quiebra. Poco después el alcalde de Bari pidió la intervención del Gobierno para salvar los ahorros de 70.000 accionistas e impedir el colapso de la economía de la ciudad. El viernes, el banco fue intervenido por el supervisor italiano y el Gobierno se reunió en un Consejo de Ministros, pero no fue capaz de aprobar medidas concretas debido a la negativa de varios miembros del Ejecutivo.
El plan del Gobierno es facilitar la ampliación de capital del banco MedioCredito Centrale, que es de titularidad pública, para que pueda participar junto con el Fondo Interbancario de Garantía de Depósitos y otros inversores en el rescate del banco.
El primer ministro, Giuseppe Conte, ha adelantado que «tendremos una especie de banco de inversiones del sur con participación pública».
El sábado, Conte pidió perdón públicamente después de que sólo unas horas antes, desde Bruselas, asegurara que no sería necesario intervenir ninguna entidad financiera a pesar de que ya estaba al corriente de la crítica situación que atravesaba la entidad.
El mandatario se justificó diciendo que «no pude anticipar a las cámaras lo que estaba ocurriendo. Pido disculpas a los italianos, por primera vez estaba omitiendo algo, pero no podía hablar con los mercados abiertos».
Esta decisión ha desatado una batalla en el interior del Gobierno de Italia, apoyado principalmente por tres partidos distintos: PD, Movimiento Cinco Estrellas e Italia Viva de Matteo Renzi. El ex primer ministro italiano ha aprovechado el rescate de Banca Popolare di Bari para defender el rescate de varias entidades financieras durante su gobierno, entre los años 2014 y 2016.