La junta general de accionistas de Banco de Valencia ha aprobado las cuentas de la entidad en 2012, la gestión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al frente de la entidad, y el nombramiento y retribuciones de los nuevos miembros del consejo de administración.
Así lo ha indicado el administrador provisional de la entidad nacionalizada y adjudicada a CaixaBank por un euro, José Antonio Iturriaga, nombrado por el FROB –que ostenta el 98,9% de las acciones la entidad–, en la junta celebrada en el Palacio de Congresos de Valencia, que ha contado con un quórum de 4.455 accionistas, en representación de 455.547 millones de títulos del banco, el 99,05 por ciento del total. De ellos, 349 accionistas han acudido personalmente y el resto, 4.106, han estado representados.
La junta (ver Noticias Bancarias del 13 de marzo de 2013, “Banco de Valencia somete sus cuentas a votación”) ha declarado aprobados todos los puntos del orden del día, entre los que se encuentra el visto bueno a las cuentas anuales e informes de gestión individuales y consolidadas correspondientes a 2012 y la propuesta de aplicación de unas pérdidas de 2.262,59 millones de euros a la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores.
Asimismo, se ha aprobado la gestión social desarrollada por el FROB como administrador provisional durante 2012 y el nombramiento como consejeros de los directores generales de CaixaBank Juan Antonio Alcaraz y Marcelino Armenter; el director general adjunto de Recursos Humanos de CaixaBank, Xavier Coll; el director corporativo de CaixaBank, Javier García-Lluís; el director ejecutivo territorial de CaixaBank en la Comunitat, Bibiano Martínez, y el presidente de CaixaRenting y de Finconsum, Antonio Vila, todos ellos con carácter dominical.
Como independientes, figuran los presidentes de Troy Consultores, Lluís Badía, de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, y de Feria Valencia Alberto Catalá, respectivamente.
Los accionistas también han ratificado los importes a percibir por estos consejeros, fijados en 3.000 euros por sesión del consejo de administración, 2.000 euros por comisión ejecutiva o comité de auditoría y cumplimiento y 1.500 euros por cada reunión de la comisión de nombramientos y retribuciones.
También se ha dado luz verde a la autorización para que Banco de Valencia pueda adquirir acciones propias, así como la autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta.
Como último punto del orden del día, se ha aprobado el informe anual sobre las remuneraciones del órgano de administración correspondiente a 2012, que precisa que, de los cuatro administradores provisionales designados, José Antonio Iturriaga, Margarita Reyes y Fernando Viladomat «no perciben cantidad alguna» por esta tarea, mientras que el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, cobró 64.000 euros en 2012 «por indicación del FROB».
Por otra parte, no se ha accedido a incluir en el orden del día y someter a votación una posible acción social de responsabilidad contra el propio Iturriaga, ya que, según ha expuesto éste en la réplica al accionista que lo había solicitado, la ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito señala en su artículo 71 que no se podrá ejercer esa acción respecto a las actuaciones realizadas por el FROB en el marco del proceso de reestructuración.
Por ello, la petición no ha sido incluida en el orden del día y no se ha sometido a votación, algo que ha despertado las críticas del accionista que ha planteado la propuesta, quien ha señalado que se trata de una decisión «ilegal» porque la ley 9/2012 «es de rango inferior» a la ley de sociedades de capital.
En la sesión, que se ha prolongado en torno a cuatro horas, también se ha abordado la acción social de responsabilidad aprobada en la junta general del pasado mes de mayo contra el expresidente José Luis Olivas y Bancaja –a la que representaba en el consejo–, el ex consejero delegado Domingo Parra y Bancaja Seguros, Antonio Tirado y Valenciana de Inversiones Mobiliarias, y contra Aurelio Izquierdo, como ex consejero delegado y expresidente.
Al respecto, Iturriaga ha indicado que decidieron «aplazarla» a raíz de la impugnación de ese acuerdo por parte de Olivas, Bancaja, Tirado e Izquierdo ante el juzgado de lo mercantil número de 2 de Valencia, salvo Olivas que acudió al número 1, al considerar que «desde el punto de vista meramente procesal, esa acción habría quedado suspendida hasta la resolución de esa impugnación».
Según ha explicado, la administración «ha contestado a todas y cada una de estas demandas» y ha solicitado que se acumulen «en un único procedimiento, dado su idéntico objetivo», básicamente que se anule ese acuerdo al alegar que no estaba incluido en el orden del día, fue aprobado sin la mayoría legal suficiente, era improcedente contra las personas físicas.
«Se consideró preferible esperar al resultado», ha subrayado Iturriaga, quien mantiene que «no por ello se ha dejado de revisar en profundidad la labor realizada por anteriores gestores «y que, de hecho, ese análisis se ha «traducido en la interposición de procedimientos penales» para la exigencia de responsabilidades.
Además, Iturriaga ha señalado con respecto a los nombres que han trascendido a los medios de comunicación que «algunos puede que sí –que terminen estando imputados– y otros no», y asimismo puede que acaben imputados personas que no han aparecido hasta ahora, pues las denuncias se refieren a los «intervinientes en las operaciones», siendo la autoridad judicial quien debe «determinar el grado de imputación, implicación y penalidad» resultante de éstas.