José Luis Veiga, exconsejero de Nova Caixa Galicia, ha asegurado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que el Consejo de Administración no conocía las prejubilaciones que los antiguos directivos de la entidad bancaria se habían adjudicado por valor de 7,87 millones de euros hasta que no se publicó en la prensa.
Veiga, representante del Ayuntamiento de Pontevedra en el Consejo de la caja gallega, añadió en su declaración como testigo que los entonces directivos Francisco Javier García de Paredes, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez y Julio Fernández Gayoso, imputados en la Audiencia Nacional, le pusieron “trabas” cuando quiso conocer sus nuevos contratos.
El testigo coincidió en este aspecto con el también exconsejero José Luis Regueiro, quien aseguró este martes ante el juez Moreno que los exdirectivos ocultaron sus contratos “inflados” al propio Consejo de Administración.
El exconsejero de NCG dijo además esta mañana que conoció las cuantías de las prejubilaciones cuando los exdirectivos ya se habían marchado de la entidad.
Los cinco exdirectivos imputados no solo ocultaron sus nuevos contratos a su propio Consejo de Administración sino que también trataron de esconder las prejubilaciones al Banco de España. Dos técnicos del supervisor bancario aseguraron la semana pasada ante el juez Moreno que los directivos tuvieron “reticencias” a la hora de mostrarles los contratos “inflados”.
El juez Moreno ha impuesto a cuatro de los cinco exdirectivos de Nova Caixa Galicia imputados unas fianzas que suman más de 10 millones de euros para que puedan hacer frente a su responsabilidad civil en caso de ser condenados.
La fianza pecuniaria más alta fue fijada para el exdirector general adjunto Francisco Javier García de Paredes, que deberá abonar un total de 7.021.353 millones de euros. José Luis Pego deberá consignar una fianza de 1.925.223 euros, Gregorio Gorriarán de 1.218.137 euros y Óscar Rodríguez de 347.921 euros. El quinto exdirectivo imputado, Julio Fernández Gayoso, fue declarado por el juez responsable solidario.
El juez atribuye a los cinco directivos un delito de administración desleal o, alternativamente, un delito de apropiación indebida.
Moreno sostiene que los exdirectivos, “con ocasión del acuerdo de fusión entre Caixa Galicia y Caixa Nova, en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad, acordaron mejorar sus contratos de alta dirección, con menoscabo del patrimonio de la entidad, percibiendo en definitiva elevadas sumas de dinero con ocasión del cese de sus actividades”.
Todo ello se produjo “con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad”.