Moody’s de México ha realizado una serie de modificaciones en su metodología de cálculos, que ha afectado a la baja las calificaciones de BBVA Bancomer, Banorte y Scotiabank Inverlat, además de siete arrendadoras vinculadas con estas entidades financieras, así como la nota del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
De esta forma, todas las calificaciones de deuda y de depósitos en moneda local de los bancos mencionados anteriormente pasaron de la calificación ‘A2’ hasta ‘A3’.
El vicepresidente de la Oficina de Crédito Senior del grupo de Instituciones Financieras de Moody’s, David Olivares Villagomez, ha señalado que estas variaciones en la calificación no significan una desmejora en los fundamentales crediticios de los emisores afectados, ni tampoco evidencian un cambio en la percepción que tiene Moody’s en relación al perfil crediticio del soberano mexicano.
Básicamente, es un ajuste que permite modificar la forma en la que se evalúa el apoyo de Gobierno al sector financiero mexicano.
Olivares ha señalado que “lo que cambió es el enfoque para evaluar el apoyo de Gobierno, pues antes si un sistema bancario entraba en problemas, el Gobierno podía hacer uso además de su herramienta fiscal, de otros mecanismos como facilidades contables, que le permitieran a los bancos no reflejar pérdidas, pero al final de cuentas las enseñanzas que deja la crisis a nivel global, nos indican que la capacidad de Gobierno para dar apoyo está afectada por su capacidad fiscal”.
Todos aquellos bancos que tenían una calificación mejor a la del Gobierno mexicano fueron los que sufrieron un ajuste a la baja en su nota, por lo que Olivares considera que “ahora están alineados al mismo nivel que el Gobierno, aunque haber bajado la calificación no refleja un debilitamiento de los bancos, ni del IPAB, ni de la deuda soberana, es simplemente una forma diferente de incorporar el apoyo de Gobierno”.
En este sentido, Moody’s continua modificando su enfoque para evaluar la capacidad que tienen los gobiernos de dar apoyo en una serie de países de América Latina, que incluye a Chile y Guatemala, y está reevaluando sus opiniones en varios otros países de la región.