El Banco Portugués de Inversión (BPI) ha prolongado la incertidumbre que rodea su futuro a pesar de que el reloj corre en su contra, al aplazar nuevamente la votación sobre el fin del límite a los derechos de voto.
La asamblea general en la que los accionistas votarán esa modificación de los estatutos ya ha sido suspendida en dos ocasiones, y no será retomada hasta el próximo día 21.
Este aplazamiento deja un margen de tiempo escaso para resolver el desenlace de la opa que presentó el principal accionista de la entidad, el español CaixaBank, que sólo seguirá adelante si se eliminan los límites a los derechos de voto.
Especialistas en el tema han recordado que la operación debe estar resuelta antes de que acabe el mes de octubre para evitar que el BPI, el quinto mayor banco de Portugal, sea penalizado por Bruselas por los activos que posee en Angola.
El plazo para que el BPI se desprendiese de sus activos angoleños expiró oficialmente el pasado 10 de abril sin que los accionistas de la entidad consiguieran acordar una solución.
Sin embargo, el Banco Central Europeo (BCE) decidió no sancionar por el momento al BPI y esperar a que se resuelva la opa, ya que si la operación sale adelante el CaixaBank conseguiría hacerse con el control del banco y podría desbloquear la situación de Angola.
Al día de hoy, la entidad catalana tiene en sus manos el 45,16 % del capital del banco portugués, pero los estatutos del BPI limitan a un máximo del 20 % los votos de cada accionista.
En la práctica, esta restricción otorga al CaixaBank un poder de decisión similar al del segundo mayor accionista, la multimillonaria angoleña Isabel Dos Santos, que tiene una participación del 18,6 % del capital.