El papa Francisco ha renovado los estatutos del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el conocido como «banco vaticano», en los que se introduce la figura de un auditor externo para la auditoría de cuentas según las normas internacionales.
Según informó el Vaticano en un comunicado, la entidad «garantiza la custodia y la administración de los bienes inmuebles trasferidos y dados al IOR por personas físicas y jurídicas y destinados a obras de caridad», y gestiona las cuentas bancarias de personas del Vaticano.
En una disposición publicada esta semana, el papa renovó por dos años los estatutos del IOR, que fueron aprobados en 1990 por Juan Pablo II, indicó la Santa Sede.
Entre las principales novedades se encuentra la del auditor externo, que podrá ser una persona física o una empresa, por lo que desaparecen ya los tres auditores internos que tenía el IOR y cuyos cargos eran renovables.
Ahora, la labor del auditor externo será auditar las cuentas financieras de la entidad, de acuerdo con las normas internacionales reconocidas.
Será nombrado por la Comisión de Cardenales a propuesta de la Junta de Superintendencia y desempeñará sus funciones por un período de tres ejercicios económicos consecutivos, que podrá ser renovado una sola vez.
Con la renovación de los estatutos, los órganos del IOR ahora serán cuatro: la Comisión de Cardenales, compuesta por cinco cardenales designados por Francisco durante cinco años y renovables una sola vez; el Consejo de Superintendencia, que pasa de cinco a siete miembros, nombrados para un periodo de cinco años, que podrá ser confirmado una sola vez.
Igualmente, figuran el prelado, también nombrado por la Comisión de Cardenales por cinco años y renovable en una ocasión; y el Consejo de Administración, cuyo director general podrá ser nombrado por cinco años, renovables una sola vez, o de forma indefinida, pero la novedad que se introduce es que deberá cesar en su cargo a los 70 años.
El IOR publicó en junio sus resultados económicos de 2018 y dijo que registró un beneficio de 17,5 millones de euros, un 45% menos que en 2017.