El parido político, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentara ante la Audiencia Nacional un escrito para ampliar la querella anteriormente presentada sobre la salida a Bolsa de Bankia, ya que, quiere incluir a cuatro consejeros más de la entidad que no estaban inicialmente en el listado presentado, entre los que figura el exministro socialista Virgilio Zapatero.
Los otros tres incluidos en la ampliación de la querella son Álvaro de Ulloa Suelves, Claudio Aguirre Pemán y Juan Martín Queralt.
De momento, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, instructor del procedimiento, ha citado como imputados al expresidente Rodrigo Rato y a una treintena de consejeros del grupo y su matriz, entre ellos José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, y el exministro Ángel Acebes.
También tendrán que declarar como imputados los dos exconsejeros de Bankia a propuesta del PSOE, Jorge Gómez y José María de la Riva, y el de IU, José Antonio Moral Santín. Los tres han pedido la suspensión temporal de militancia mientras dura el procedimiento.
El próximo 23 de julio, el magistrado decidirá en una vistilla sobre la intervención judicial cautelar de Bankia y BFA que pidió el partido de Rosa Díez para sustituir a los actuales gestores por un administrador.
En esa vista, han confirmado las mismas fuentes, UPyD pedirá también una serie de pruebas testificales sobre BFA.
De manera simultánea, UPyD sigue su acción contra Bankia en el Congreso tras advertir que la entidad ha ofrecido asesoría jurídica «gratuita» a los 33 consejeros de Bankia imputados por ahora.
De llevarse a efecto, según este partido, se daría la «incongruencia abusiva» de que el dinero público empleado para su rescate se emplearía en la defensa de los responsables de su «despatrimonialización».
Por tanto, un «enorme caudal» de dinero público del rescate no se destinará al saneamiento financiero de BFA-Bankia sino en la defensa de los intereses particulares de sus anteriores gestores.
Por este motivo, UPyD ha registrado varias preguntas en la Cámara Baja para que el Gobierno aclare si está «al tanto» de esta cuestión, si lo considera «aceptable» y si tiene previsto ofrecer asesoría jurídica gratuita a los perjudicados por la gestión de Bankia, que condujo al «hundimiento» de su cotización en Bolsa.