La Audiencia Nacional (AN) ha decidido admitir a trámite un recurso presentado por Foment del Treball contra el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a que se persone en la fase 2 del estudio sobre la OPA hostil que BBVA ha lanzado a Banco Sabadell.
Según ha avanzado ‘La Vanguardia’, la AN ha requerido a la CNMC que remita los expedientes administrativos de su negativa a que Foment del Treball participe en el proceso.
En su recurso, Foment del Treball ha reclamado poder participar en esta fase 2 y que se escuchen sus alegaciones sobre la operación.
En noviembre de 2024, la CNMC anunció que el análisis de la OPA de BBVA entraba en fase 2, lo que supone estudiar con más detalle la operación planteada.
En aquel momento, Competencia advirtió de tres posibles riesgos y que necesitaba más información para poderlos descartar: un posible empeoramiento de las condiciones comerciales a pymes, un posible riesgo de reducción de crédito a pymes y posible empeoramiento de condiciones en el mercado de adquirencia (TPVs o datáfonos).
Esto abría la posibilidad de que partes interesadas en la operación presentaran alegaciones, lo que dio lugar a un aluvión de intentos de personación por parte de asociaciones empresariales, sindicatos o cámaras de comercio, hasta un total de 79.
Finalmente, la CNMC descartó todas estas personaciones, salvo la de Sabadell, así como los dos informes de las autoridades de competencia de las comunidades autónomas más afectadas: Cataluña y Comunidad Valenciana, cuyo carácter no es vinculante.
El siguiente paso fue el envío, por parte de la dirección de Competencia de la CNMC, del pliego de concreción de hechos (PCH) donde se recogen los principales problemas de competencia que plantea la operación, es decir, no se trata ni de una propuesta de actuación por parte de la CNMC ni de una decisión de la dirección.
Este documento se remitió a los interesados (BBVA y Sabadell) el pasado 31 de enero, lo que abría un plazo de 10 días como mínimo y 15 como máximo para que Sabadell pudiese presentar alegaciones, hecho que realizó dentro del plazo.
Entre sus alegaciones, según ha dejado entrever Sabadell en sus declaraciones públicas, se pedía que los ‘remedies’, o condiciones que se impongan a la operación, tengan un carácter estructural, lo que implica desinversiones, y que no fuese meramente temporales.
También ha rechazado la metodología que la CNMC ha utilizado para analizar la operación, por códigos postales, y que se comenzó a usar con la fusión de CaixaBank y Bankia. En cambio, el banco ha manifestado en algunas ocasiones su preferencia por emplear la metodología de la Comisión Europea para analizar fusiones y que se usó para la operación entre TSB –filial de Sabadell– y Lloyds, al considerarla más adecuada.
Tras el análisis de las alegaciones de Sabadell, el siguiente paso previsto en la fase 2 formalmente es el informe de propuesta. Sin embargo, la Dirección de Competencia puede seguir realizando las diligencias que considere necesarias, como requerimientos adicionales o test de mercado de los compromisos propuestos por BBVA para facilitar la aprobación de la OPA.
Fuentes cercanas a la operación esperan que los ‘remedies’ propuestos por CNMC sean pequeños, pero lamentan que los adopte antes de realizar el test de mercado, donde se preguntará por los riesgos tanto a otras entidades bancarias, como organizaciones afectadas, empresariales, sindicatos o asociaciones de consumidores. Así, estiman que si dicho test se realizara con antelación, podría variar el signo de las conclusiones que adopte.
En este contexto se enmarca el recurso presentado por Foment del Treball y otras asociaciones, como Pimec, para poder presentar sus objeciones a la operación.
Elevar a fase 2 la operación ha supuesto, en la práctica, ampliar el calendario de la OPA que manejaba BBVA en un primer momento.
Esta fase puede durar hasta tres meses, si bien no se cuentan en este plazo las posibles suspensiones que Competencia pueda aplicar para solicitar más información.
Una vez concluido este análisis en profundidad, Competencia podrá aprobar la operación sin condiciones, con ellas, o bien prohibirla.
En las dos últimas situaciones, la OPA sería elevada al Ministerio de Economía, que a su vez podría llevarla al Consejo de Ministros, que estudiaría aspectos como la defensa y seguridad nacional, o el mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial.
