El FROB obtiene nuevos poderes para que se ocupe de la reestructuración y resolución de entidades, cometido tradicional del Fondo de Garantía, al que se le encomienda la misión casi exclusiva de garantizar los depósitos, aunque abre vías para que puedan colaborar. Por ejemplo, podrá prestar ayuda financiera en un proceso de resolución siempre que dicho coste sea inferior al de pagar los importes garantizados en la entidad.
Pese a la clara división, sobre las espaldas del Fondo de Garantía recae aún el potencial deterioro de los esquemas de garantía de activos otorgados a la CAM y Unnim. Si sus recursos fuesen insuficiente, podría prestarle recursos el FROB.
El FROB, a cuyo frente se ha situado a Antonio Carrascosa, procedente de la dirección general de Política Económica, se le abre una tarea inmensa. Además de pilotar las reestructuraciones y resoluciones, empezando por las nacionalizadas Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia, tiene que poner en marcha el banco malo, al que trasladarán los activos tóxicos.
Las grandes claves del vehículo son el tipo de activos a meter dentro, su precio y el diseño. De ello depende que el banco que se los venda deba provisionar más o no de lo que le exige la ley, de la facilitada para vender los activos después e, incluso, de que entren accionistas. El Gobierno ha fijado en el 50 por ciento la participación tope del Estado en el banco malo -así se evita computar la deuda-.
Según fuentes financieras, Economía ha invitado a bancos sanos (Santander, BBVA y Caixabank) a entrar en el accionariado. El gancho para atraerles sería que aparquen ahí activos dañados, por los que les pagaría con deuda descontable en el BCE y una participación en el capital del banco malo. Esa deuda devengaría poca rentabilidad pero con el señuelo que de tendría descuentos muy bajos en el BCE -daría liquidez por un importe muy similar al valor de los títulos-. Si los precios de los inmuebles no son agresivos, difícilmente entrarán los bancos buitre, según las mismas fuentes.