Deutsche Bank ha acordado pagar más de 130 millones de dólares (106 millones de euros) para resolver una investigación del Gobierno de Estados Unidos por un caso de corrupción en el extranjero y por una trama de fraude con materias primas.
El acuerdo establece sanciones penales de 85,2 millones de dólares (69,7 millones de euros), otros 681.000 dólares (557.290 euros) en devoluciones, 1,2 millones de dólares (982.000 euros) en compensaciones a las víctimas y 43,3 millones de dólares (35,4 millones de euros) de pagos al organismo regulador de los mercados de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia ha señalado que los cargos responden a una trama creada por la firma alemana para «ocultar pagos corruptos y sobornos hechos a intermediarios, registrándolos falsamente» en los libros y registros de la compañía.
La investigación abarca un ardid diferente destinado a participar en «prácticas comerciales fraudulentas y manipuladoras con materias primas que involucran contratos de futuros de metales preciosos que cotizan en bolsa».
El acuerdo establece un enjuiciamiento diferido de tres años con las secciones de Fraude y Lavado de Activos y Recuperación de Activos (MLARS), así como con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
El fiscal general adjunto Robert Zink ha informado que en siete años el banco alemán no mantuvo un sistema de control de la contabilidad interna sobre el uso de fondos de la empresa y «falsificó sus libros y registros para ocultar pagos corruptos e indebidos».
Además, ha agregado que los operadores de Deutsche Bank en tres continentes «intentaron manipular» los mercados financieros durante cinco años.
Para los investigadores, con esta trama la institución financiera ocultaba pagos a «consultores», que les servían de «conducto para sobornar a funcionarios extranjeros y a otras personas» en todo el mundo con el fin de obtener «proyectos comerciales lucrativos».
De acuerdo a lo que ha señalado la Comisión del Mercado de Valores (SEC), Deutsche Bank contrataba a funcionarios extranjeros, a sus parientes o asociados como «intermediarios externos» o «consultores de desarrollo empresarial» con estos fines.
El regulador ha asegurad que estas actividades resultaron en «aproximadamente 7 millones de dólares (5,72 millones de euros) en pagos de sobornos o pagos por servicios desconocidos, indocumentados o no autorizados».