La Audiencia Nacional rechaza una querella contra tres consejeros de Liberbank

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 La Audiencia Nacional rechaza una querella contra tres consejeros de Liberbank

La Audiencia Nacional ha rechazado una querella contra tres consejeros de Liberbank, presentada por el sindicato CC.OO., que les acusa de acogerse al ERE de la entidad financiera y percibir a la vez retribuciones como miembros del Consejo de Administración.

Asimismo, la querella se dirige contra el empresario Ignacio López del Hierro por los pagos que recibió por servicios de asesoramiento.

En un auto, el juez Ismael Moreno cree que no es competente para investigar la querella, dirigida contra los exdirectivos de Cajastur Felipe Fernández, María Encarnación Paredes y Jesús María Alcalde Barrio, así como contra López del Hierro, el presidente y consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez; el ex secretario de Estado de Energía Fernando Martí y su mujer María Jesús Solano.

Moreno ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que el pasado 16 de mayo se opuso a la admisión de la querella por estimar que este tribunal no es competente para conocerla.

Sobre los consejeros, a los que el sindicato acusaba de defraudar presuntamente al fisco por beneficiarse de exenciones fiscales y cobrar el paro -hasta 9.606,52 euros en todo 2013- al continuar vinculados con la entidad pese a estar incluidos en un ERE, el magistrado sostiene que no se ha aportado documentación que acredite que esa cifra supere los 120.000 euros exigidos por la ley.

“Dichos hechos ya son conocidos por la Agencia Tributaria ante la que se presentó la denuncia”, resalta el juez, que añade que ésta es la “única legitimada activamente” para ejercer la acción penal.

Por otra parte, Comfia-CCOO denunció al marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y propietario de Hilo de Inversiones; a Manuel Menéndez y a Martí y su esposa por los pagos que Liberbank efectuó “sin aparente contraprestación de servicios”.

El sindicato sostenía que López del Hierro cobró 7.000 euros mensuales en 2013 por esos servicios, pero el juez asegura que no constan “elementos mínimamente acreditativos o indiciarios de la realidad de tales afirmaciones”.

De Martí y su esposa, los querellantes, a los que Moreno ha impuesto una fianza de 10.000 euros si quieren personarse como acusación popular y recurrir su resolución, señalaban que cobraron de Liberbank 12.500 euros mientras éste desempeñaba su cargo público sin que existiera un contrato con la empresa de la que eran socios ni alguna prestación de servicios que lo justificara. Pero el magistrado responde que esas imputaciones “no se ajustan a la realidad”.

El juez Ismael Moreno remarca que la Audiencia Nacional no es competente en esta querella, dado que no está demostrado un perjuicio patrimonial sobre un conjunto de personas que residan en el territorio abarcado por más de una audiencia, ni tampoco que se haya producido un fraude a gran escala que haya dañado la economía a nivel nacional.

En : Bancos

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