Bankia ha informado que propondrá a sus accionistas el reparto de unos 900 millones de euros, lo que supondría otro retorno para el Estado, primer accionista de la entidad, de unos 540 millones de euros, para marzo de 2019. De esta manera, aprovechará el exceso de capital con el que terminará el año.
El banco cree que en la segunda mitad del año conseguirá unos 25 puntos básicos de capital, a razón de entre 10 y 15 puntos básicos por trimestre, y con ello alcanzará la ratio de capital de máxima calidad del 12,66%, o lo que se conoce como CET1 «fully loaded», que a finales de junio era del 12,41%.
Este capital de máxima calidad supondrá un exceso de más de 550 millones de euros sobre el 12% de capital que el grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri se estableció como meta, a partir del cual tenía la disposición de distribuir en los accionistas.
Bankia se planteó la expectativa de mantener un dividendo ordinario con cargo a 2018 similar al del año anterior, entre el 45% y el 50% de sus beneficios, lo que supondría la repartición de otros 340 millones. Si a esto se le suma el plan para aumentar los puntos básicos de capital, queda un macrodividendo de unos 900 millones.
Conviene recordar que estos ajustes caben dentro de la estrategia de la entidad para abonar a sus accionistas más de 2.500 millones de euros en tres años, más del doble que los 1.160 millones que abonó en los últimos cuatro ejercicios.
El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, afirmó que la decisión final se tomará en marzo de 2019, cuando estén ya aprobadas las cuentas de 2018 y antes de la junta de accionistas, que será finalmente la encargada de autorizar el reparto planteado.
La entidad ha indicado también que bonificará el precio de los créditos que conceda para financiar promociones inmobiliarias que cuenten con certificado de sostenibilidad medioambiental, según informa la entidad.
La nueva línea de negocio se ha iniciado con la firma de una operación con la promotora Grupo Amenabar para financiar una promoción de 150 viviendas que tiene previsto desarrollarse en el municipio de Las Rozas (Madrid).
Esta decisión no solo beneficiará a las empresas promotoras, sino que también está enfocada a favorecer al comprador final de las viviendas, ya que el préstamo promotor será subrogable, con bonificación, a hipotecas minoristas para aquellos que finalmente adquieran las viviendas.