La participación que tiene el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en Bankia, a través de la matriz BFA, se ha elevado en un 1,18% desde la venta del último paquete accionarial en diciembre de 2017.
Poco a poco, el Estado ha ampliado su posición en el capital de Bankia, hasta alcanzar el 61,814%, lo que supone un total de 1.897 millones de acciones, y sin necesidad de acudir al mercado, sino como consecuencia de la suma de títulos del banco que pasan a ser propiedad de BFA tras cerrarse ciertos litigios.
La salida a Bolsa de Bankia en 2011 trajo como consecuencia una serie de procedimientos civiles. En enero de 2016, el Tribunal Supremo notificó a la entidad dos juicios a favor de inversores minoristas que suscribieron acciones del banco en el contexto de su debut bursátil.
En febrero de 2016, el banco inició un proceso para devolver a los accionistas minoritarios que acudieron a la OPS la inversión más unos intereses compensatorios del 1% anual, a cambio de devolver sus acciones (que pasan a manos de BFA) y renunciar a ejercer acciones legales contra la entidad.
Por otro lado, muy pronto se cerrará un proceso penal que se inició hace 6 años entre instrucción y juicio oral, en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), y que actualmente está a la espera de la sentencia. En él han sido investigados Bankia, BFA y los antiguos miembros de sus respectivos consejos de administración.
Las acciones de Bankia han perdido más de un 45% de su valor en lo que va de año y la caída asciende a casi un 75% si se compara con diciembre de 2017, cuando el FROB acometió la venta del 7% de su paquete y por el que ingresó 818 millones de euros.
La capitalización bursátil de Bankia ha caído hasta poco más de 3.100 millones de euros, por lo que la participación del Frob está valorada en 1.950 millones de euros.
El FROB debe deshacerse de la participación en Bankia antes de que culmine el 2021. A su vez, debe tratar de ejecutar su estrategia de desinversión en las mejores condiciones posibles del mercado de capitales.
El objetivo es maximizar la recuperación de las ayudas concedidas durante el rescate bancario, pero el valor actual de la acción de Bankia no es el más idóneo para privatizarla y mucho menos en la actual situación de crisis generada por las medidas de contención del coronavirus, que está perjudicando al sector financiero por un posible aumento de la morosidad.