El Gobierno va a solicitar a la banca española cinco nuevos colchones de capital, con el objeto de fortalecer su solvencia, exigiendo así niveles de liquidez por encima de los de la Unión Europea.
Estas novedades, que persiguen fortalecer a la banca ante futuras crisis, se incluyen en el proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, con el que traspone a la legislación española los requisitos de Basilea III y otras normas sobre gobierno corporativo.
En concreto, el departamento dirigido por Luis de Guindos fijará un colchón de conservación de capital para pérdidas inesperadas y que se aplicará desde el 1 de enero de 2016 y será del 2,5% en 2019. También habrá un colchón de capital anticíclico específico que pretende evitar el efecto procíclico de la regulación prudencial. Este último se aplicará desde el 1 de enero de 2016 y su nivel será de hasta el 2,5%.
También se exigirá un colchón de capital para entidades de importancia sistémica mundial y otras entidades de importancia sistémica. Se aplicará a partir del 1 de enero de 2016 y será de entre el 1% y el 3,5%, en función del carácter más o menos sistémico de la entidad a la que se aplique.
Asimismo, establece un colchón contra riesgos sistémicos, que puede alcanzar niveles del 5%. El supervisor decidirá discrecionalmente cuándo y en qué medida exigirlo, con el fin de reducir los riesgos derivados del efecto de la evolución de la economía en el sistema financiero.
Según ha explicado el Ministerio de Economía en un comunicado, estos colchones suponen un complemento al reglamento que eleva el capital de calidad hasta al menos el 4,5% de los activos ponderados por riesgo a partir de 2015. Además, se establece una definición de capital más estricta para garantizar la capacidad real de absorber pérdidas del capital.
El proyecto de ley además limita el ‘bonus’ al 100% del sueldo fijo de los banqueros, salvo que la junta de accionistas autorice hasta el máximo del 200%, y prohíbe el ejercicio simultáneo de los cargos de presidente del consejo de administración y consejero delegado, con la excepción de que el Banco de España dé su visto bueno.
En cuanto a la supervisión, se fija por primera vez la obligación de que el Banco de España presente «al menos» una vez al año un programa supervisor, el cual incluirá la realización de pruebas de resistencia al menos una vez al año.
En el tema de las preferentes, el Ejecutivo ha adoptado la regulación europea, pero asumiendo los requisitos de la normativa de España, más rigurosos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado que «Mantenemos condiciones de la exigencia de comercialización, de modo que si no se hace así, no se tendrán los beneficios con los que cuentan las preferentes».