Barclays se enfrenta a la demanda de un accionista minoritario por un presunto delito societario. En un auto fechado el pasado 24 de enero, se indica que la querella fue presentada por uno de los accionistas minoritarios de Barclays contra el grupo financiero y contra todo el consejo de administración de su filial española. Tras ser admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, el responsable de Barclays y el de su filial española están citados a declarar el próximo 19 de abril.
Por otro lado, también se ha interpuesto una demanda de nulidad de los acuerdos adoptados en la junta de accionistas celebrada el pasado 12 de diciembre, en las que se aprobó esta amortización de acciones, por entender que existe fraude de Ley y abuso de derecho.
Y es que según la denuncia, la junta de accionistas acordó amortizar todas las acciones de los socios y accionistas minoritarios de la filial española, a razón de 1,5 euros por título, lo que supone el valor nominal de cada una de las acciones. Un acuerdo que se adoptó con el voto únicamente del accionista mayoritario.
En la querella la parte demandante denuncia que la entidad y el consejo de administración «crearon una mayoría ficticia agrupando con los minoritarios al socio mayoritario, Barclays Bank P.L.C.», para adoptar «un acuerdo lesivo y fraudulento para los derechos e intereses de los minoritarios, aprobando la amortización de los títulos a precio de saldo».
Y ello, en lugar de devolver a los socios sus aportaciones y mediante una votación separada de los accionistas afectados por la amortización, con exclusión del socio mayoritario.
«Se expulsa a los accionistas en el peor momento, expropiándoles o expoliando sus títulos cuando menos valen sus acciones debido a la grave crisis financiera que atraviesa Europa y la mayor parte del resto del mundo, sin darles oportunidad de revalorizar el precio de sus acciones manteniéndolas, al menos, durante los próximos ocho o diez años», dice el texto.
En la querella se añade que el consejo de la entidad justifica la expulsión de los minoritarios con el argumento de que así Barclays podrá financiar a su filial española de forma ilimitada y sin garantías, sin vulnerar con ello la normativa británica sobre Instituciones Financieras de enero de 2011.