ING Group logró una ganancia neta de 4.703 millones de euros durante el pasado año, lo que supone un descenso del 4,1% frente al dato de 2017.
Este recorte es consecuencia en parte del impacto negativo de 775 millones contabilizado por la entidad holandesa, tras el acuerdo alcanzado en el tercer trimestre de 2018 con la Fiscalía de Países Bajos para zanjar las investigaciones relacionadas con las deficiencias en la prevención de lavado de dinero y prácticas corruptas en su filial holandesa, ING Netherlands, entre 2010 y 2016.
«Tras el acuerdo con las autoridades holandesas en septiembre de 2018 continuamos con el programa para mejorar el conocimiento del cliente, poniendo énfasis en el cumplimiento de la regulación como prioridad clave», declaró Ralph Hamers, consejero delegado de ING Group, subrayando que la entidad sigue trabajando duro en mejorar sus registros de clientes de diligencia debida y en una serie de soluciones estructurales para mejorar las actividades de lucha contra el lavado de dinero.
«Estamos comprometidos con dirigir nuestro negocio con integridad y el cumplimiento de la regulación sigue siendo una prioridad para 2019 y más adelante», aseguró el ejecutivo.
La cifra de negocio subyacente de ING Group en el conjunto del ejercicio alcanzó los 18.088 millones de euros, un 2,2% más que un año antes, con un incremento del 1,5% de los ingresos por intereses netos, hasta 13.916 millones, mientras que los ingresos por comisiones sumaron 2.803 millones de euros, un 3,3% más.
En el cuarto trimestre, ING Group registró un beneficio neto de 1.273 millones de euros, un 25,4% más que en el mismo periodo de 2017, mientras que los ingresos subyacentes de la entidad crecieron un 3% anual, hasta 4.501 millones de euros.
El pasado mes de septiembre, ING llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos para pagar 775 millones de euros y zanjar las investigaciones relacionadas con las deficiencias en la prevención de lavado de dinero y prácticas corruptas en su filial holandesa, ING Netherlands, entre 2010 y 2016, provocando la dimisión de su director financiero Koos Timmermans.
El acuerdo alcanzado con las autoridades holandesas supuso el pago de una multa de 675 millones de euros como reflejo de «la gravedad, alcance y duración de las deficiencias detectadas», así como de otros 100 millones de euros en concepto de restitución por el menor gasto implementado en personal y procesos por parte de ING Netherlands durante el periodo examinado.
Durante las investigaciones realizadas no se encontraron evidencias o indicios de que empleados o exempleados de la entidad naranja cooperasen de manera activa con los clientes que usaron los servicios bancarios para potenciales actividades criminales ni tampoco hay evidencias de que empleados o exempleados del banco se hubiesen beneficiado.
ING ha recalcado que la aplicación de las políticas de prevención de delitos económicos y financieros ha conllevado la terminación de la relación con miles de clientes del banco holandés.