Royal Bank of Scotland (RBS) logró un beneficio neto atribuible de 2.038 millones de libras esterlinas (2.227 millones de euros) en los seis primeros meses de 2019, lo que representa una mejora del 129% sobre el resultado registrado un año antes por la entidad, que ha alertado del impacto negativo de la incertidumbre política en sus cuentas del próximo ejercicio.
«Dadas las actuales condiciones de mercado, la persistente incertidumbre política y económica, así como la contracción de la curva de rendimientos, es muy improbable que alcancemos nuestro objetivo de rentabilidad del patrimonio tangible (RoTE) de más del 12% y una ratio de costes e ingresos inferior al 50% en 2020», indicó la entidad.
La cifra de negocio del mayor prestamista británico a pequeñas y medianas empresas alcanzó entre los meses de enero y junio los 7.117 millones de libras (7.778 millones de euros), un 6,2% más que en la primera mitad de 2018, a pesar del retroceso del 7,4% de los ingresos por intereses netos, hasta 4.004 millones de libras (4.376 millones de euros).
En el segundo trimestre, RBS, entidad en la que el Gobierno británico conserva una participación del 62%, disparó sus ganancias a 1.331 millones de libras (1.454 millones de euros), frente al beneficio de 96 millones de libras (105 millones de euros) contabilizados entre abril y junio del año pasado, mientras que sus ingresos aumentaron un 20%, hasta 4.080 millones de libras (4.459 millones de euros).
«Son unos resultados sólidos en unas condiciones de mercado difíciles», declaró Ross McEwan, consejero delegado de RBS, quien destacó que la entidad repartirá 1.700 millones de libras (1.857 millones de euros) en dividendos entre sus accionistas.
No obstante, «dada la incertidumbre y la competencia del entorno», McEwan señaló que la entidad se centra en áreas que puede controlar, reduciendo los costes y reforzando su capital y liquidez.
RBS ha abierto el proceso de búsqueda de un nuevo consejero delegado, después de que Ross McEwan presentase el pasado mes de abril su renuncia tras cinco años y medio al frente de la entidad, aunque el ejecutivo permanecerá en su actual cargo durante el tiempo necesario hasta que haya sido designado un sucesor y se haya realizado el correspondiente traspaso de poderes de manera ordenada.