Según informaron fuentes jurídicas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha presentado en la Audiencia Nacional siete nuevas querellas contra exdirectivos del Banco de Valencia, referidas a sus operaciones al frente de la entidad.
Las nuevas acciones judiciales, que analizan actuaciones concretas autorizadas por sus antiguos gestores, fueron anunciadas en el Senado el pasado día 19 por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien señaló que «el tema se estaba preparando y se trasladaría a los tribunales muy rápidamente».
Tres días después el director general del FROB, Antonio Carrascosa, concretó que las querellas iban dirigidas contra los exdirectivos del Banco de Valencia, que fue adjudicado a CaixaBank por un euro en noviembre de 2012.
Las siete nuevas acciones judiciales serán estudiadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, que recibió en junio de 2012 otra querella del FROB en la que se imputaba a la cúpula de la entidad valenciana los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.
Esta primera querella del FROB, dirigida contra los exconsejeros Domingo Parra, su socio Aurelio Izquierdo y el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, ponía de manifiesto que en octubre de 2011 el Consejo de Administración de Banco de Valencia tuvo que ser sustituido por un administrador provisional nombrado por el FROB debido a la situación económica en que se encontraba la entidad.
Esto dio lugar a la intervención de la entidad por parte del Banco de España el 21 de noviembre de 2011, que tuvo que inyectarle cerca de 2.000 millones de euros y otorgarle un aval de 1.500 millones de euros para pedir dinero al Banco Central Europeo (BCE) para evitar su quiebra.
Pedraz también estudia un expediente sancionador que el Banco de España abrió contra los antiguos responsables del Banco de Valencia, entre los que se encuentra su expresidente y el de Bancaja José Luis Olivas, por supuestas irregularidades durante su gestión, informaron fuentes jurídicas.
Además, un grupo de pequeños accionistas presentó otra querella contra 27 antiguos responsables de la entidad, entre los que se encontraban el que era su presidente, José Luis Olivas; Domingo Parra y otros miembros del Consejo de Administración. El juez de Instrucción número 3 de Valencia se inhibió a favor de la Audiencia Nacional aunque la decisión final fue recurrida por las defensas de los denunciados ante la Audiencia de Valencia.
En junio de 2012, la Fiscalía Anticorrupción se manifestó a favor de que fuera la Audiencia Nacional la que asumiera la competencia sobre la primera querella del FROB, al considerar que los hechos son de una «grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional».
Según india el escrito del fiscal, «Los hechos descritos en la denuncia presentada, siendo que además es una empresa cotizada, suponen la afectación de la economía nacional, al verse afectado el propio sistema financiero, con incidencia en otras sociedades, también cotizadas”.