La regulación de la traducción jurada en España se establece en la disposición adicional décimo sexta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, modificada por la disposición final cuarta de la Ley 29/2015, de 30 de julio.
Los cuerpos de seguridad del Estado apelan a la necesidad de incrementar el número de traductores oficiales en Madrid para gestionar las denuncias de los turistas y ciudadanos extranjeros.
El traductor jurado debe tener claro a quién dirigir a sus clientes cuando éstos necesiten apostillar el documento original del que se precisa la traducción jurada.
Los tipos de documentos de particulares más frecuentes que precisan de traductores jurados son los expedientes académicos, antecedentes penales, títulos y partidas de nacimiento.
La crisis económica ha llevado a muchos profesionales a salir al extranjero. Eso ha implicado un aumento en la demanda de traducciones juradas de sus títulos y diplomas.
