El Gobierno limita el salario de los directivos de empresas públicas

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Soraya Saenz de Santamaría

La portavoz del Gobierno anunció estos nuevos recortes durante una conferencia en La Moncloa.

Como parte de las múltiples estrategias de ahorro, el Gobierno realizará recortes a los salarios de los directivos de empresas públicas, en algunos casos de hasta el 35%. La medida, que fue anunciada por la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, impone como límite un salario de 105.000 euros para cualquier directivo. Esta nueva reforma parece complementarse con la anunciada hace unos pocos días, que permite despedir a los directivos con una indemnización de tan sólo 7 días por año trabajado. La nueva medida también prevé el recorte de varios puestos directivos y de que su remuneración se convierta en información pública. “Tan sólo en dietas, el ahorro será de 1 millón de euros”, aseguró la funcionaria.

“Siempre hemos buscado garantizar que las empresa sean dirigidas por personas con la suficiente solvencia, pero siempre teniendo presente que las actuales cantidades no pueden sostenerse en el sector público. Son tiempos de austeridad”, señaló Santamaría, durante su rueda de prensa en La Moncloa. La portavoz aseguró que, a partir de ahora, las retribuciones se basarán en el tamaño de las empresas públicas. Así, los directivos de las grandes empresas son los que recibirán los 105.000 euros, mientras que los de medianas recibirán 80.000 y los de las pequeñas empresas 55.000 euros. Actualmente, ya se están categorizando las 455 empresas del estado en función de acuerdo a su número de trabajadores, cifras de negocio y tamaño.

De igual manera, el número de consejeros de las empresas ahora también estará limitado. En el caso de las grandes empresas, no podrán haber más de 15, en el de las medianas el límite será de 12 y las pequeñas no podrán tener más de 9.

Pese a este recorte en los salarios, el Gobierno aún permitirá que los directivos cobren, junto con su salario, un complemento de puesto, que estará determinado el sector de actividad y la responsabilidad, y un complemento variable, que será fijado por el Ejecutivo en base a ciertos objetivos. Santamaría aseguró que estos complementos podrán permanecer sin cobrar, y no dio muchos detalles ni cifras sobre el ahorro que esto supondrá para los fondos públicos.

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