CCOO critica la premura y el afán liberalizador de la CNMC en la regulación mayorista de los mercados de banda ancha

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CCOO critica la premura y el afán liberalizador de la CNMC en la regulación mayorista de los mercados de banda ancha

El sindicato hará llegar al Gobierno su preocupación por las premuras que tiene la CNMC en liberalizar los mercados de banda ancha, que puede propiciar un frenazo en el despliegue de redes de muy alta capacidad

Para CCOO, en la regulación mayorista de los mercados de banda ancha se debe tener como objetivo la configuración de un modelo sostenible, basado en la competencia efectiva en infraestructuras y la inversión en nuevas redes de última generación, a la vez que se debe garantizar un elevado nivel de seguridad jurídica en la regulación, que garantice la prestación de servicios de calidad y una expansión progresiva del servicio universal.

Solo en el último año se han desplegado en España más de 7,5 millones de accesos de fibra óptica, situando a nuestro país por encima de la media de la Unión Europea, pero esta distancia puede verse recortada si los planes de inversión en infraestructuras se paralizan.

En la actualidad existen diferentes planes de despliegue, bien mediante actuaciones de extensión de la red, bien mediante las adquisiciones que algunas operadoras han realizado para tener una posición relevante en el mercado.

Si se frenan las inversiones, aumentará el riesgo de incumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital, que prevé que haya una cobertura de más de 30 Mbps para el 100 % de la ciudadanía y que, al menos, el 50 % de los hogares tengan contratadas velocidades de acceso superiores a 100 Mbps en 2020, incrementando la brecha digital existente, sobre todo en poblaciones de menor población y/o zonas rurales.

Si se imponen limitaciones que hacen que el despliegue de estas infraestructuras no tenga un retorno razonable y se desincentiva que los diferentes operadores continúen con el esfuerzo inversor, se ahondaría la brecha digital, con unas consecuencias muy negativas para la competitividad de la economía y generaría zonas de exclusión para las áreas geográficas no cubiertas.

El sector de telecomunicaciones es un pilar básico e imprescindible para avanzar en un cambio de tejido productivo y para caminar hacia una sociedad más igualitaria e integradora. Es un hecho conocido los beneficios que aportan las redes de nueva generación y la banda ancha para el empleo, la sociedad y la economía en general.

Para CCOO, se debe tener como objetivo la configuración de un modelo sostenible, basado en la competencia efectiva en infraestructuras y la inversión en nuevas redes de última generación, a la vez que se debe garantizar un elevado nivel de seguridad jurídica en la regulación, que garantice la prestación de servicios de calidad y una expansión progresiva del servicio universal.

El éxito de la penetración de la telefonía móvil de última generación y que España sea uno de los países que a nivel mundial se encuentra en cabeza del nivel de penetración y uso de teléfonos inteligentes, está relacionado, entre otros factores, con el despliegue de redes independientes por parte de los principales operadores presentes en el mercado.

No se puede ignorar que por la vía de revender capacidad o establecer precios de acceso mayorista sin más consideración que la económica, se pone en grave riesgo no solo el desarrollo de infraestructuras, sino que se fomenta la competencia desleal, va en contra de los operadores con capacidad y compromisos de inversión y genera ajustes salariales y laborales, poniendo en grave riesgo miles de empleos tanto entre las operadoras, como entre las empresas encargadas de los planes de construcción y despliegue de las mismas.

Tras las exigencias de CCOO al Gobierno, de la necesidad de dotar de un marco estable y completo de las Telecomunicaciones, con la elaboración de los reglamentos que complementaban la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, desde este verano la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, ha realizado un esfuerzo, proponiendo diversos reglamentos, ya debatidos en la Comisión Permanente del CATSI, como el proyecto R.D. por el que se regula el acceso a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, la coordinación de obras civiles y la publicación de información sobre concesión de permisos, o el proyecto R.D. por el que se aprueba el Reglamento regulador de la instalación de tramos finales de redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, o el proyecto de reglamento en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, lo que significa completar el marco jurídico de las telecomunicaciones en España.

Al  mismo tiempo en la Comisión Europea, se está debatiendo “Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, en la que en mayo de 2015, se aprobaba una comunicación en la que se indicaba:

“Un primer paso esencial es la adopción del paquete sobre el mercado único de las telecomunicaciones que la Comisión espera proporcionará normas claras y armonizadas para la neutralidad de la red y pondrá en marcha la eliminación definitiva de los sobrecostes por itinerancia, en particular la de datos”.

“Además, apenas ha surgido una plena «competencia de infraestructuras» en las redes fijas, salvo en zonas muy densamente pobladas, en las que las redes de cable ya estaban presentes, o cuando las autoridades locales han participado activamente. Es necesaria una normativa más simple y proporcionada en los ámbitos en los que la competencia en las infraestructuras ha surgido a escala nacional o regional. Debe fomentarse el despliegue de redes de muy alta capacidad, manteniendo al mismo tiempo una competencia efectiva y una rentabilidad adecuada en relación con los riesgos. Se tendrá en cuenta la cuestión de cómo atender a las zonas de acceso más difícil y lograr objetivos de interés público (como la conectividad de alta capacidad para escuelas y universidades o centros de investigación), asimismo como parte de la revisión de la Directiva de servicio universal”.

“La Comisión presentará propuestas en 2016 para una revisión ambiciosa del marco reglamentario de las telecomunicaciones centrándose en i) un enfoque de mercado único coherente sobre la política y gestión del espectro, ii) proporcionar las condiciones para un verdadero mercado único, abordando la fragmentación normativa para permitir economías de escala en los operadores de redes y proveedores de servicios eficientes y una protección eficaz de los consumidores, iii) garantizar la igualdad de condiciones para todos los operadores del mercado y la coherencia en la aplicación de las normas, iv) incentivar la inversión en las redes de banda ancha de alta velocidad (incluida una revisión de la Directiva de servicio universal) y v) un marco regulatorio institucional más efectivo.”

Por todo ello, desde CCOO entendemos que ante los avances alcanzados en la legislación española y los debates abiertos en la UE, es necesario esperar a la finalización de los trabajos de la Comisión y no poner en peligro con decisiones ultraliberalizadoras y con escaso respaldo de las políticas fijadas en este sector, el despliegue de las redes de alta capacidad, disminuyendo la brecha digital existente en España, entendiendo por ello que la actuación de la CNMC puede tener una clara responsabilidad si se termina penalizando la inversión en esta materia, a la vez que sería injustificable que la regulación que finalmente se apruebe, hiciera que la inversión que se pueda derivar del Plan Europeo de Inversiones, mediante la colaboración público-privada y que tiene entre sus principales objetivos el desarrollo de redes ultrarrápidas de telecomunicaciones, no encontrara en nuestro país un marco adecuado para su aprovechamiento.

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