Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, ha señalado su intención de aportar «sobre el 7 por ciento» del crédito de urgencia de 55 millones que Pescanova necesita para no cerrar, lo que representaría unos 4 millones de euros.
Feijóo ha afirmado que ha tomado esta decisión una vez analizada toda la situación «compleja y muy delicada» de la compañía. Las razones para participar en ese préstamo se basan en que el Gobierno gallego siempre ha estado dispuesto a colaborar con ésta y con cualquier empresa en la que haya margen de viabilidad, y porque esta aportación está «plenamente justificada por el impacto en la economía gallega y en los asalariados de Galicia».
Sobre su delicada situación financiera, este jueves se ha conocido que los bancos acreedores de Pescanova han solicitado la marca Pescanova y el inmueble de Chapela en garantía para el crédito por 55 millones de euros que permitirá mantener la actividad de la compañía.
Así lo han indicado fuentes financieras que han detallado que Bankia, Popular, Sabadell, La Caixa, Deutsche Bank y NCG Banco son los bancos que inicialmente darían este crédito, aunque Deloitte ha planteado a otras entidades como Banco Santander, BBVA y Bankinter que se unan al grupo —quienes podrían estar dispuestas— aunque aún no han dado su visto bueno. Otras entidades sondeadas, pero que han descartado unirse, han sido Royal Bank, Rabobank, Espírito Santo y Liberbank. El planteamiento de banca para la concesión de este crédito es de un plazo de un año y que cuente con la validación judicial para que ningún acreedor pueda impugnar el acuerdo.
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ha reconocido que entre los diferentes cortafuegos que no funcionaron, para evitar que se diese un escándalo empresarial como el de Pescanova, se incluyen fallos en los procesos de gobierno corporativo de la compañía. «Pescanova es una multinacional con una marca muy reconocida y el hecho de que parezca que se ha gestionado como una empresa con amo es algo que hace daño a sus accionistas, a la marca España y al supervisor de valores», reconoció.
Asimismo, Rodríguez ha señalado que accionistas minoritarios de la empresa pesquera han remitido a la CNMV denuncias por no haber recibido suficiente información sobre la situación real de la compañía. Según la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, «Está claro que los datos que estaba proporcionando la compañía al mercado no están muy acorde con lo que ahora se está conociendo».