Cataluña propondrá la modificación del impuesto a grandes superficies

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Cataluña propondrá la modificación del impuesto a grandes superficies

Cataluña ha informado que ha enviado a la Comisión Europea una propuesta de modificación del impuesto que grava las grandes superficies que incluye dentro de este grupo a algunos establecimientos que antes quedaban fuera, además de establecer un único régimen tributario para todos.

De esta manera, el ejecutivo responde al ultimátum que la Comisión Europea (CE) dio a las autonomías que tienen un impuesto específico para las grandes superficies para que lo eliminaran o extendieran su aplicación a los establecimientos exentos antes de mañana, 31 de marzo.

De no aplicarse, la CE abriría una investigación que podría culminar en que el pequeño comercio tuviera que pagarlo con carácter retroactivo por considerar que el impuesto es una ayuda estatal incompatible con la regulación comunitaria.

El Departamento de Economía de la Generalitat ha explicado que el documento que ha hecho llegar a la autoridad europea prevé que el impuesto se extienda a los “establecimientos colectivos”, considerados como aquellas grandes superficies que están integradas por diferentes establecimientos pequeños.

La propuesta del Govern establece un único régimen tributario para todos los grandes establecimientos, a partir de 2.500 metros cuadrados, con independencia de la actividad de venta que lleven a cabo, de manera que se eliminan las exenciones y reducciones previstas en el texto original.

Las tasas aplicadas por Cataluña y otras autonomías, de las que están exentas el pequeño comercio y ciertas tiendas especializadas, grava los metros cuadrados de un establecimiento por la contaminación que producen los consumidores por desplazarse en coche hasta ellos.

El impuesto sobre las grandes superficies fue creado a través de una ley aprobada en el año 2000. A finales de 2014, la Comisión Europea aclaró por escrito al Gobierno español que, tras un análisis preliminar, se planteaba considerar la exención concedida al pequeño comercio y a algunos establecimientos como “ayuda estatal incompatible”.

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