La Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara ha aprobado –por 40 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones– la creación de la nueva Fiscalía europea que se encargará de investigar y perseguir el fraude y otros delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión.
La nueva Fiscalía podrá actuar con celeridad en casos transfronterizos incluido el fraude al IVA o por el uso de ayudas de la UE como los fondos estructurales– sin tener que esperar a que se cumplan los procedimientos de cooperación judicial habituales, más tediosos y de mayor carga burocrática.
En la actualidad sólo las autoridades nacionales tienen competencia para perseguir el fraude contra la UE, si bien su jurisdicción acababa en sus fronteras.
La nueva Fiscalía pasará a tener jurisdicción en toda la Unión pero deberá llevar a los delincuentes directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
La sede de la Fiscalía estará en Luxemburgo y su actividad de investigación y procesamiento empezará cuando se cumplan tres años de la entrada en vigor del reglamento que acota su funcionamiento.
Además de las oficinas centrales, la Fiscalía europea contará con fiscales europeos delegados establecidos en los distintos Estados miembros, que compatibilizarán esta ocupación con la de fiscales nacionales.
El nivel central supervisará las investigaciones y los procedimientos llevados a cabo en el ámbito nacional, para asegurar una coordinación efectiva y un enfoque uniforme en toda la Union Europea.
Cuando la Fiscalía asuma una investigación, las autoridades nacionales no ejercerán sus competencias con respecto a esa misma actividad delictiva.
La nueva Fiscalía permitirá un intercambio rápido de información entre países, investigaciones policiales coordinadas y la rápida congelación e incautación de activos, así como la detención de sospechosos y trabajará de cerca con la agencia de cooperación judicial europea (Eurojust) y la Oficina de la UE contra el fraude (OLAF).
Un total de 20 países de los 28 de la UE, entre ellos España, dieron luz verde en junio a integrarse en la cooperación reforzada para poner en marcha la Fiscalía europea, que todavía requerirá su visto bueno formal una vez que el pleno de la Eurocámara se pronuncie, el 5 de octubre.
También se han sumado Austria, Italia Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.