El PSOE ha propuesto un Programa de Financiación por Préstamos del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España, y lo ha registrado para ser debatido en el Pleno del Congreso. Se trata de un programa análogo al ‘Funding for lending scheme‘ de Reino Unido, encaminado a reducir los costes de la financiación para las empresas.
Según la iniciativa, el principal «cuello de botella» de la economía española es la falta de crédito y el endurecimiento de las condiciones de acceso al mismo, sobre todo para las pymes, que se están viendo obligadas a destruir empleo de forma masiva, además de estar limitando la puesta en marcha de nuevos proyectos.
De hecho, según datos de la Seguridad Social citados en el texto, el número de pymes se ha reducido un 12% desde 2008, y más del 75% de las existentes tienen menos de nueve trabajadores, lo que ha causado una pérdida de 1,4 millones de puestos de trabajo. Además, sólo el 24% de las pymes españolas intentó acceder a financiación externa el año pasado, frente al 51,5% que probó en el ejercicio anterior.
«Es un dato preocupante porque la mayoría se están quedando excluidas de los canales de crédito, lo que también se está traduciendo en un incremento de la morosidad», alegan los socialistas, apostillando que en el cuarto trimestre de 2012 sólo un 4% de las pequeñas y medianas empresas obtuvieron financiación sin problemas mientras que un 64% lo consiguió con condiciones muy duras y un 32% ni siquiera pudo acceder al crédito.
Por todo ello, el PSOE propone que el Banco de España, en coordinación con el BCE, ponga en marcha un programa de Financiación por Préstamos, de tal manera que incentiven a las entidades financieras a otorgar créditos a empresas no financieras «a través de una reducción en sus costes de financiación».
En concreto, se sugiere que este programa financie el crecimiento del crédito neto de las entidades financieras que, así, podrían «utilizar el colateral de este nuevo crédito a la economía real». Eso sí, el acceso a esta financiación «en condiciones privilegiadas» estaría supeditado al volumen de crédito concedido por las entidades a las pymes.
«El coste sería menor para las entidades financieras que mantengan o aumenten su crédito concedido», precisa el PSOE, apostillando que las entidades financieras no tendrían que computar estos préstamos en su balance, sino que tendrían la posibilidad de sustituirlos por títulos públicos «con mayores garantías».
Para hacer un reconocimiento público a las entidades que «mayores esfuerzos» realicen para facilitar la financiación a las pymes a través se establecerían incentivos como, por ejemplo, con el acceso a las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El programa estaría en vigor durante un tiempo determinado fijado por la autoridad bancaria «en función de objetivos reales», y se podría mantener «hasta que se recupere la actividad económica». Así, los incentivos serían crecientes «en función de la distancia a los objetivos perseguidos, y disminuirían según se acerque su cumplimiento.
También se sugiere fomentar el crédito bancario mediante programas de garantías a través de sociedades de garantía recíproca (SGR), de tal manera que «se garantice que los créditos lleguen a micro, pequeñas y medianas empresas), así como instrumentar líneas específicas para pymes del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
En la proposición los socialistas incluyen otras propuestas para incrementar el volumen de crédito disponible y reducir la fuerte dependencia de la financiación bancaria, utilizando para ello el capital riesgo, los ‘business angels’, el capital semilla o los préstamos participativos.
Con respecto al ICO, se pide reforzar su papel en el mercado financiero y ampliar las líneas para empresas de reciente creación de sectores con perspectivas altas, para empresas establecidas con dificultades para recapitalizarse, o de descuento de facturas pendientes de pago por parte de la administración pública.
Asimismo, el PSOE ha propuesto rebajar la morosidad mediante procedimientos de reclamación simplificados para deudas de bajo importe, el cumplimiento de la normativa europea y nacional, y permitir a las empresas regularizar los pagos y cobros pendientes con la administración pública mediante una única cuenta.