Grecia y sus acreedores vuelven a evaluar el rescate

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Grecia alcanza sus objetivos presupuestarios

Grecia y las instituciones acreedoras han retomado las negociaciones para la segunda evaluación del rescate, con el objetivo de ultimar en los próximos días los detalles pendientes.

Esta jornada de la enésima ronda de conversaciones que deberían haber concluido en diciembre pasado, se centra en analizar la privatización de la energía, en concreto con la venta del 40 % de las centrales eléctricas, y en cerrar los detalles para crear un superfondo de privatizaciones.

El objetivo de los acreedores, según señalan los medios locales, es cerrar un acuerdo técnico antes de la festividad del Primero de Mayo y una vez que concluya este acuerdo a nivel técnico se podrán redactar los textos correspondientes que serán remitidos a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, que celebrarán su próxima reunión regular el 22 de mayo.

Antes que el Eurogrupo pueda dar luz verde al desembolso del tercer rescate, por unos 7.000 millones de euros, el Parlamento griego debe aprobar las condiciones que el Gobierno se comprometió a aplicar en los años posteriores al programa de asistencia, que vence en agosto de 2018, que son una serie de medidas fiscales y de recortes de pensiones que deberán aplicarse en 2019 y 2020.

En el reciente Eurogrupo celebrado en Malta, Grecia aceptó que los recortes a las pensiones se efectúen en 2019, para cuando están previstas regularmente las próximas elecciones generales.

Al año siguiente se aplicarían una serie de medidas fiscales, que fundamentalmente se centran en reducir el mínimo exento de imposición y entre ambas medidas, Grecia debe generar ingresos adicionales de cerca de 4.000 millones de euros.

En principio, el Gobierno espera poder someter este proyecto a votación en torno al 15 de mayo, en una sesión parlamentaria en la que también espera poder refrendar las contramedidas de alivio previstas ya que el Gobierno de Alexis Tsipras acordó con los acreedores que a cambio de estos nuevos sacrificios, Grecia podrá acometer una serie de medidas de alivio fiscal por la misma cuantía, pero siempre y cuando la senda presupuestaria lo permita.

El acuerdo de Malta contempla que en caso de desviarse de los objetivos marcados -un superávit primario del 3,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) en los años posteriores al rescate- Grecia incluso deberá adelantar las medidas fiscales previstas para 2020.

Uno de los grandes flecos que quedan por resolver en los próximos días es el número de años que Grecia deberá generar un superávit tan elevado, porcentaje que en 2016 cumplió con creces (3,9 % según el cálculo europeo y 4,2 % en los términos del rescate), pero que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no ve viable mantener a medio plazo y otro de los asuntos por resolver es el del alivio de la deuda, reclamada no solo por Grecia sino por el FMI.

En principio, Tsipras había asegurado que no aprobará ninguna medida si no hay un acuerdo en esta cuestión. En los últimos días, los tonos han bajado y el Gobierno ya solo habla de que no aplicará las medidas legisladas sin una hoja de ruta concreta de reestructuración.

En caso de que las negociaciones puedan cerrarse con éxito y Grecia obtenga el tramo de 7.000 millones de euros, deberá destinar en julio unos 6.000 millones a devolver deuda -sobre todo con el Banco Central Europeo-; el resto será para pagar atrasos del Estado con sus proveedores.

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