El Congreso de los Diputados, ha aprobado a través de la Comisión de Economía y Competitividad el proyecto de ley de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, que pasa ahora al Senado para continuar su trámite parlamentario.
La citada Comisión, con competencia legislativa plena (la norma no tiene que ser aprobado por el Pleno del Congreso), ha aprobado con los votos del PP y CiU el citado proyecto de ley que obliga a las entidades a provisionar los créditos inmobiliarios sanos.
Una exigencia que se sumaba a la de la anterior reforma financiera del Gobierno de Mariano Rajoy, que obligó a los bancos a provisionar unos 54.000 millones de euros para los activos considerados problemáticos.
Durante su convalidación en el Congreso de los Diputados, el Gobierno accedió a que la reforma se tramitara como proyecto de ley, como había pedido la oposición, para poder así introducir enmiendas.
En concreto, los grupos habían presentado 67 enmiendas al articulado, aunque sólo se han aprobado las del PP. El resto de enmiendas de los grupos han sido rechazas.
Entre las enmiendas presentadas por el PP se encuentra la que establece la eliminación del límite de edad en los altos cargos del Banco de España.
Además, otra de las enmiendas establece que en 2020 concluye el período de canje de billetes y monedas de las pesetas que todavía se conservan y que tendrían un valor en euros cercano a 1.700 millones.
Durante el debate de la norma, el diputado del PSOE Valeriano Gómez ha criticado que su grupo se abstuvo en la convalidación de la segunda reforma financiera del Gobierno de Mariano Rajoy con el compromiso del Ejecutivo de debatir los aspectos «más controvertidos de la norma y para completar sus carencias evidentes».
Pese a ello, ha señalado, el PP «no ha aceptado ni una sola enmienda» y el Ejecutivo ya ha aprobado una nueva reforma financiera, la tercera, en la que dichos aspectos han quedado incluidos.
Por su parte, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo también ha puesto de manifiesto que la norma se ha quedado algo obsoleta tras la aprobación de la nueva reforma financiera del Gobierno, una opinión que ha compartido la diputada del grupo mixto María Olaia Fernández Davila.
Desde CiU, Josep Sánchez i Llibre ha instado al Gobierno a que en el plazo de tres meses de solución «de forma efectiva» al problema de las participaciones preferentes, y ha pedido que aquellos clientes que hubieran comprado estos productos de entidades nacionalizadas puedan recuperar el valor nominal de las mismas.
Por último, desde el PP, la diputada Irene Garrido ha defendido los tres reales decretos aprobados por el Gobierno para sanear el sistema financiero, que, según ha indicado, contribuirán a reactivar la economía y devolver la confianza en España.
«Solo así habrá crecimiento económico y se generará empleo», ha manifestado Garrido, que ha indicado que con la sucesión de los reales decretos, se marcan las pautas para una reforma total del sector financiero.