El Banco de España tramitó 33 expedientes para créditos a directivos de banca

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El Banco de España tramitó 33 expedientes para créditos a directivos de banca

Según la Memoria de la Supervisión Bancaria en España, el Banco de España tramitó 33 procedimientos de autorización de créditos y avales a altos cargos de entidades de crédito durante 2014.

“La Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito obliga a las entidades de crédito a solicitar autorización para la concesión de créditos, avales o garantías a favor de miembros de su consejo de administración, directores generales o asimilados”, por esta razón, la institución que encabeza Luis María Linde analizó estas peticiones.

Adicionalmente, el supervisor tramitó 336 procedimientos de valoración de la idoneidad de altos cargos de entidades de crédito, la mayoría de ellos como consecuencia de nuevos nombramientos, de los cuales 239 corresponden a bancos y 97 a cooperativas de crédito y cajas de ahorros.

Durante 2014, el Banco de España también tramitó 21 expedientes de idoneidad de administradores de entidades dominantes de entidades de crédito.

A cierre del ejercicio, el supervisor contaba en su registro con 3.213 altos cargos, un 28,9% menos que en 2011, de los que 2.842 eran hombres y 377 mujeres. En este periodo de tiempo recibió 91 consultas sobre honorabilidad, frente a las 159 de 2011.

Recientemente, el Banco de España ha redactado un proyecto de circular que regula en detalle la limitación de las indemnizaciones y remuneraciones variables a los altos cargos de los bancos para que no se recompensen los malos resultados o las conductas indebidas.

Esta circular completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva y al Reglamento de la Unión Europea de 2013 sobre requisitos prudenciales de las entidades de crédito.

El proyecto de circular del supervisor bancario, que está siendo sometido a consulta a las entidades financieras, detalla que todos los acuerdos de remuneraciones o contratos deberán incluir cláusulas que permitan una “reducción” de los pagos por resolución de contratos en función de los resultados obtenidos en el transcurso del tiempo, “estableciéndose de tal forma que no se recompensen los malos resultados o conductas indebidas”.

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