El Banco de Japón (BoJ) ha iniciado este martes su reunión mensual de dos días, entre crecientes expectativas de que podría flexibilizar aún más su política monetaria de cara a acelerar sus objetivos de inflación y crecimiento para la tercera economía mundial.
Muchos analistas esperan que el organismo opte por esta vía una vez que concluya, durante esta reunión, una «evaluación detallada» de las medidas que implementa actualmente.
El gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda, explicó a principios de mes que esta «evaluación» pretende analizar qué es lo que ha evitado hasta ahora que el banco central nipón alcance su objetivo -que persigue desde que activó su programa de compra masiva de activos en 2013- de generar una inflación estable en torno al 2%.
Como resultado de dicha evaluación, el BoJ podría optar por recortar los tipos de interés para impulsar la demanda doméstica.
Sin embargo, se cree que este movimiento podría no ser muy drástico dado el rechazo que su política de tipos negativos (ya situó la tasa interbancaria en el -0,1% a principios de año) ha comenzado a generar en parte del sector privado.
Desde esa parte se argumenta que dicha decisión, activada en febrero de 2016, ha arrastrado a la baja a los tipos a más largo plazo, lo que erosiona los beneficios del sector bancario y los rendimientos de aseguradoras o fondos de pensiones.
Para evitar críticas en este sentido, el BoJ podría modificar el repertorio de su programa de compra de bonos, sin modificar su objetivo de comprar cada año 80 billones de yenes (703.310 millones de euros/785.776 millones de dólares) en bonos de deuda de Japón.
En este sentido, la entidad optaría por comprar más bonos de madurez más corta, para evitar que los tipos (que se mueven de manera inversamente proporcional al rendimiento de los títulos de deuda soberana) a más largo plazo se vean afectados.
Por otra parte, algunos economistas creen que pese a las expectativas, el BoJ no moverá ficha debido a que su arsenal monetario empieza verse cada más limitado y ante la posibilidad de que sea necesario activar medidas de emergencia para contrarrestar, por ejemplo, los efectos que pueda tener aún el ‘Brexit‘.