El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado significativamente su pronóstico de crecimiento para España, que en 2017 crecerá un 3,1% en vez del 2,6% estimado con anterioridad, mientras que el próximo año la expansión perderá algo de fuerza, moderándose al 2,5%, cuatro décimas por encima del pronóstico precedente.
Asimismo, los técnicos de la institución que han visitado España para elaborar el informe anual conocido como ‘Artículo IV’ han dejado abierta la posibilidad de que el crecimiento sea incluso mayor, ya que el impulso generado por las medidas adoptadas en el pasado puede ser superior de lo estimado.
No obstante, en su informe anual sobre la economía española, el FMI advierte de que sin más reformas España seguirá siendo vulnerable y persistirá el riesgo de que aumente la desigualdad. «Se prevé que el crecimiento del PIB real sea del 3,1% este año y existen riesgos alcistas gracias al impulso generado por las reformas del pasado de que sea mayor de lo estimado», señalan los técnicos del FMI en las conclusiones preliminares de su informe.
En este sentido, la misión del FMI destaca la «fortaleza» de la recuperación de la economía española, donde el consumo, la inversión y las exportaciones contribuyen a un patrón de crecimiento más equilibrado, mientras la situación del sector bancario ha mejorado y la deuda privada se está reduciendo.
No obstante, la institución internacional advierte de que «sin progresos más decididos en las reformas estructurales y la reconstrucción de amortiguadores fiscales, la economía seguiría siendo vulnerable a ‘shocks’ y corre el riesgo de dejar atrás a algunos segmentos de población».
De este modo, los expertos del FMI subrayan que, a pesar del «impresionante» ritmo de crecimiento y creación de empleo en España, «los retos siguen ahí», señalando la importancia de que sean abordados «completamente» para compensar la moderación del crecimiento que se prevé en el medio plazo, ya que la deuda pública y el paro estructural son todavía elevados, el envejecimiento de la población crea presiones de naturaleza fiscal y la productividad va por detrás de sus socios de la UE.