El Gobierno de España prevé que las pensiones subirán un 0,25% en 2018 por quinto año consecutivo.
Esta proyección forma parte de un escenario de «política constante» en el que también trabaja con una posible congelación de los salarios de los funcionarios.
Desde que la reforma del año 2013 desligó la subida de las pensiones de la evolución del IPC, estas prestaciones sólo se han revalorizado de acuerdo al mínimo establecido por la ley, lo que se ha justificado en la situación de déficit del sistema de la Seguridad Social.
En relación al porcentaje del PIB, estas proyecciones se reflejan en un menor peso del gasto que ha pasado desde el 41,2% en 2017 hasta el 40,6% en 2018.
La remuneración de los empleados, con ese supuesto de congelación, pasa del 10,6% del PIB en 2017 al 10,2% en 2018; mientras que las transferencias sociales, donde se incluye el gasto en pensiones, pasan de suponer el 17,8% del PIB al 17,5%.
En este último capítulo, el descenso se debe al menor gasto en las prestaciones por desempleo «por la mejora del mercado laboral».
Por otro lado, el Gobierno prevé un aumento de la ratio de ingresos del 38,1% del PIB en 2017 al 38,3% en 2018, gracias a una mejora en la economía.
Con estas proyecciones, España estima que el déficit público del conjunto de las Administraciones Públicas va a pasar del 3,1% en 2017 hasta el 2,3% en 2018.
Estas cifras están enmarcadas en una previsión de crecimiento del PIB del 2,3% para el próximo año 2018, tres décimas por debajo de lo previsto en un principio debido a la incertidumbre que existe en Cataluña, la moderación del ciclo económico y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.