Por primera vez, una empresa española va a pagar su ERE. Telefónica, presidida por César Alierta, pagará 350 millones de euros al Estado por el gasto en prestaciones por desempleo derivado de su expediente de regulación de Empleo (ERE), que fue autorizado por la Dirección General de Trabajo para 6.500 trabajadores de la compañía.
Telefónica será la primera empresa privada en España que asumirá completamente el coste de un ERE, sin ocasionar gastos al erario público. La operadora creará un fondo para integrar las aportaciones económicas derivadas de la situación de desempleo de los trabajadores que se sumen voluntariamente al expediente.
El ERE de Telefónica contempla un programa individual de bajas con una indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con el máximo de tres anualidades y media más una cantidad adicional en función de la antigüedad en la empresa, otro programa de desvinculación incentivada para empleados en activo con antigüedad mínima de 15 años y con edad entre 53 y 60 años en el momento de la baja con unas rentas mensuales equivalentes al 68% del salario hasta los 61 años y del 34% hasta los 65, y un programa para los mayores de 61 años.
Asimismo, el Plan Social aprobado por Telefónica y los sindicatos incluye la creación de nuevos puestos de trabajo. La empresa contratará un número de nuevos empleados equivalente a un 7% de las bajas del ERE, a los que se añadirán 225 empleos pendientes del convenio anterior, es decir, un compromiso de creación de empleo de hasta un máximo de 680 empleos.
La empresa liderada por Alierta ha reiterado todos sus compromisos de remuneración con los accionistas.
Telefónica se ha comprometido a repartir un dividendo mínimo de 1,75 euros por acción en 2012 y prevé remunerar anualmente a sus accionistas con al menos esta cantidad a partir de ese año.
En lo que respecta a las previsiones para el presente ejercicio, el grupo anunció en la presentación de resultados anuales que espera un crecimiento de los ingresos de hasta un 2% en 2011, con un margen de Oibda en el rango alto del 30%, así como una inversión de aproximadamente 9.000 millones de euros.