El Gobierno analiza liquidar empresas públicas

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El Gobierno estudia la liquidación de empresas públicas y autoriza planes de ajuste de las distintas autonomías para que puedan acogerse al plan de pago a proveedores, lo que dicho de otro modo, supondrá darles permiso para que se endeuden.

El Consejo de Ministros estudiará este viernes un informe sobre cómo se está desarrollando el proceso de liquidación y simplificación de empresas publicas que inició el Gobierno hace tres meses, según han informado fuentes gubernamentales.

El pasado 16 de marzo, el Gobierno aprobó un plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial en el que se incluía la supresión de 24 sociedades mercantiles estatales, entre ellas la Sociedad Pública de Alquiler.

El plan preveía desinvertir en otras ocho sociedades públicas, retirar su participación minoritaria de 35 sociedades, agilizar la liquidación de 13 empresas, y fusionar o eliminar nueve fundaciones.

En este proceso de adelgazar la estructura del Estado, el Gobierno de Mariano Rajoy está trabajando también, en colaboración con el PSOE, en una propuesta para simplificar la administración pública y evitar duplicidades.

Por el momento ya hay una propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local en la que se plantea que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua. Además, el Gobierno quiere que cumplan unos estándares de calidad y que cuando no los alcancen, los de menos de 20.000 habitantes cedan la competencia a las diputaciones.

Operaciones de endeudamiento de comunidades autónomas
El Consejo de Ministros autoriza hoy los planes de ajuste aprobados por las autonomías, una condición necesaria para que posteriormente puedan acogerse al plan de pago a proveedores, salvo Asturias, cuyo plan está pendiente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Esta decisión, anunciada el pasado miércoles por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, supone en la práctica una autorización a las autonomías para que se endeuden y puedan pagar así a los proveedores con los que mantienen cuentas pendientes.

Las comunidades autónomas tienen deudas con 29.107 proveedores y un total de 3.794.532 facturas por importe de más de 17.700 millones de euros. Del total de proveedores, 7.598 son personas físicas, 20.954 son pymes y 555 grandes empresas, de manera que siete de cada diez facturas pendientes de pago por las regiones corresponden a pequeñas y medianas empresas, quienes, según el ministro, son “las grandes beneficiadas del plan” y la “columna vertebral del tejido productivo español”. Se espera que, tras el visto bueno del Gobierno hoy, la semana próxima se firmen los préstamos y a finales de junio los proveedores comiencen a cobrar.

Por importe, la Comunitad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña son las que tienen mayor cantidad pendiente de pago, y en cuanto al número de proveedores que se beneficiarán se sitúan en primer lugar las regiones de Castilla-La Mancha, Comunitad Valenciana y Cataluña.

Queda excluida de este plan Galicia, ya que, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la pasada semana, la comunidad no ha solicitado su adhesión al plan porque “está pagando a sus proveedores al día” y por ello no ha reclamado cantidad alguna.

El Plan de pago a proveedores, aprobado el pasado 24 de febrero, ha permitido hasta la fecha abonar, en el caso de los ayuntamientos, 1.715.121 facturas presentadas por 3.774 entidades locales que debían a un total de 106.283 proveedores por un importe superior a 9.200 millones de euros.

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